Las amenazas de muerte van y vienen por las comunidades que han hecho defensa del agua y los bosques de Madero. La arrogancia y la impunidad con la que se mueve el grupo criminal contrasta con la ausencia absoluta de las instituciones gubernamentales que tienen la obligación constitucional de proteger la vida y patrimonio de los ciudadanos.
“A los ambientalistas nos los vamos a chingar” si no se quitan del camino y se largan, corre el rumor sombrío que ponen en circulación los mismos que han impuesto cobro de piso a ganaderos, madereros, resineros, comerciantes y le hacen el trabajo sucio a los que están haciendo cambio de uso de suelo para instalar huertas ilegales y cavan hoyas para despojar del agua a los pobladores.
Ser ambientalista en Madero, en los días que corren, es llevar sobre el pecho una sentencia de muerte machacada a los cuatro vientos por la delincuencia. ¿Cuándo va a ocurrir? La respuesta ―sabemos― es un privilegio que se reservan los asesinos que recibirán la orden.
Los bien intencionados y llenos de candidez han dicho que se trata de una simple campaña de terror para amedrentar. ¡No los subestimen! De por medio está la historia reciente de un secuestro y un intento de levantón ocurridos en un lapso de 18 meses los que milagrosamente no terminaron en asesinatos.
El deterioro fatal del clima de inseguridad para los ambientalistas de Madero, sin embargo, no siempre fue así. Se ha disparado a partir de los tiempos recientes en que la población se decidió a formalizar las denuncias por tala ilegal, cambio de uso de suelo, construcción intensiva de hoyas robadoras de agua y a partir del momento en que los pobladores tomaron la decisión de organizarse para la defensa ambiental.
Los mensajes insistentes que propaga la delincuencia hacen énfasis en reclamar la sumisión, vasallaje y silencio de hombres, mujeres y niños; una población a la que han inducido al consumo de drogas, incluso en las escuelas básicas. Y esto lo saben los maderenses, es un secreto a voces en los últimos meses.
Atrás de sus mensajes hay una lógica de poder bastante pragmática relacionada con dejar hacer a taladores, instaladores de huertas ilegales y constructores de hoyas ilegales para que los negocios se realicen, porque afirman, los funcionarios del gobierno reciben su paga para que nada pase.
Lo indignante de esta realidad es que el gobierno federal, estatal, municipal y sus corporaciones ―todas―, tienen desde hace meses y años la información suficiente para elevar los niveles de alarma y aplicar estrategias de prevención, contención y desmantelamiento, y, sin embargo, no mueven un maldito dedo. Para eludir su responsabilidad criminalizan a los reclamantes y los amenazan con fincarles causas penales si no paran de denunciar.
¿De qué sirve que a poca distancia de Villa Madero exista un cuartel de la Guardia Nacional si en sus narices transitan los convoyes de la delincuencia? ¿Acaso para proteger a los criminales como ocurrió en días pasados cerca de Etúcuaro en donde instalaron un reten a cientos de metros de donde departían los delincuentes armados hasta los dientes y con ropa táctica?
Los teléfonos de la Guardia Nacional, de los “protocolos” de seguridad, estatal y federal, que son el conducto para una reacción preventiva, que puede salvar vidas, valen lo que la “carabina de Ambrosio”, existen solamente para argumentar ante los medios de comunicación que hay una política para proteger periodistas y ambientalistas. En los hechos, hasta ahora, han sido una farsa.
Por ejemplo, se reporta el sábado 16, desde la 10 de la mañana, la presencia de tres camionetas con civiles armados recorriendo la carretera Etúcuaro – Villa Madero, y la reacción del “protocolo” institucional ha sido de silencio absoluto y cero acciones. El evento es relevante, más allá de la seguridad de la población local, porque entre el 15 y el 17 de diciembre se ha llevado a cabo el Festival del Mezcal 2023 en Etúcuaro con la asistencia de cientos de turistas cuya seguridad quedó expuesta.
Preguntamos con seriedad y preocupación al gobierno de Michoacán: ¿El territorio es de la delincuencia o es de los ciudadanos y de la república? ¿Ha claudicado el gobierno a la obligación constitucional de proteger la vida de los ciudadanos? ¿Están algunos políticos del gobierno protegiendo a las bandas criminales?
Somos conscientes de la gravedad de lo aquí denunciado. Los ciudadanos hoy día solo tenemos dos opciones: callar cobardemente y permitir que la criminalidad se instale e imponga su vasallaje esclavizante para poner de rodillas a todos o alzar la voz y exigir a quienes nos gobiernan a que cumplan con su deber y hagan valer a raja tabla nuestros derechos constitucionales. Los gobernantes no deben olvidar que juraron solemnemente cumplir y hacer cumplir la ley. ¡Ahora es cuando! ¿O no querían gobernar para eso?
Diremos con claridad, si en los días por venir atentan contra la vida, patrimonio, seguridad psicológica, estabilidad social, secuestran o levantan a cualquier poblador o activista ambiental de Madero, haremos responsable directo al gobierno de Michoacán y a las instituciones de seguridad, entre ellas a la Guardia Nacional, por no hacer nada, por cruzarse de brazos, por no proteger la vida de la población y los activistas, a pesar de que tienen pleno conocimiento, santo y seña, de la operación de los criminales en esta región.
Si el gobierno no sirve para proteger la vida y patrimonio de la ciudadanía entonces o no sirve para nada o es aliado de la delincuencia.
