Aseguran que en aquella reunión cuando se presentó el sistema satelital, que luego sería denominado Guardian Forestal, el gobernador Bedolla, impresionado por la magnitud del cambio de uso de suelo en favor de huertas aguacateras, con sarcasmo bien fundado, cuestionó a los presentes, “¿Ubicaron en dónde están su huertas?”.
La anécdota viene a ilustrar lo que es vox populi, que el cambio de uso de suelo en Michoacán para cultivar aguacate se ha hecho, en gran parte, de la mano de políticos y que en esta irregularidad sí hay pluralidad, porque los nombres que son muchos, tienen membresía en todos los institutos partidarios.
El sistema Guardian Forestal, de aplicarse a fondo, con determinación, apego a la ley y colaboración ciudadana, dejará al desnudo a tirios y troyanos, pero sobre todo representará un freno eficaz a la poderosa industria del aguacate ilegal que ha devorado bosques y aguas provocando daños al medio ambiente, entre otros, agudizando la sequía que tanto preocupa.
El sistema de vigilancia satelital, que además es de acceso público para la presentación de denuncias, sin embargo, tendrá eficacia en la medida en que otros componentes operativos funcionen con transparencia. Por ejemplo, si la Fiscalía General, la Fiscalía Ambiental o los elementos de la Guardia Civil que serán transferidos a la Cofom, quedan atrapadas en la corrupción y la inoperancia frente al alud de denuncias, de nada servirá; si las instituciones como Secma, Proam, Cofom, Semarnat, Profepa y Conafor, se ven limitadas por la ausencia de recursos financieros y humanos para la operación en campo, tampoco habrá resultados; dependerá también del papel probo que jueguen los jueces para que hagan justicia ambiental; pero sobre todo, si no participan los pueblos y las comunidades, que habitan los entornos en donde se están cometiendo los ilícitos y que son factor esencial para la restauración y prevención, tampoco alcanzará los resultados que se esperan.
Para empezar, el gobierno de Michoacán ha informado que ya tiene 813 predios aguacateros identificados con cambio de uso de suelo ilegal y que todos ellos serán llevados ante la ley ―con seguridad incluyen denuncias hechas con anterioridad de predios en los que se cometen delitos continuados, como la cuarentena de predios denunciados de Madero―, otros han indicado, incluso, que alrededor del 30 % de las huertas exportadoras serán bajadas por su origen ilegal y deberán, conforme a la ley, recuperar los bosques arrasados.
Y lo que viene superará el alud de irregularidades hasta ahora identificadas a través del Guardian Forestal para convertirse en maremoto porque de acuerdo con el estudio de Climate Rights Internacional (CRI), que uso una tecnología semejante a Guardian Forestal, y fue presentado a la opinión pública mundial y ante el gobierno estadounidense en noviembre del 2023 ―y que es el referente de la carta que seis senadores enviaron al presidente Biden dándole 45 días para sentarse a trabajar con México en este problema―, la cantidad de puntos con cambio de uso de suelo ilegal y apropiación indebida de aguas que exportan aguacate, es delirante.
Si el programa Guardian Forestal, además, no se hace acompañar de la certificación ambiental que deben aprobar las tres naciones firmantes del T-MEC, el esfuerzo podría ser barrido por el poder inercial del mercado internacional que al no tener limitaciones para la importación seguirá estimulando la producción de aguacate ecocida.
El Guardian Forestal y la coordinación eficiente y libre de corrupción de las instituciones ambientales, las de justicia y con la participación social, representa uno de los brazos para combatir el problema, el otro brazo son los instrumentos jurídicos internacionales como el T-MEC y los de la Unión Europea, que deberán negar la certificación ambiental (deberá sumarse a la certificación sanitaria) a todos los productores cuyas huertas procedan de tala ilegal, cambio de uso de suelo y uso no sustentable del agua.
Existe un dicho que se ha convertido en la némesis de la idea de eficacia gubernamental en nuestro país: “Hecha la ley, hecha la trampa”, y por ello deberían anticiparse medidas preventivas. Ese lado obscuro de la actuación de los poderes fácticos, que suele trascender a los gobiernos, es la plasticidad corruptiva. Por esta razón es imprescindible una evaluación semestral, con indicadores claros y de cara a la sociedad, de los logros de esta estrategia.
La premeditada integración deficiente de expedientes, la venta de protección a huerteros que estarán ávidos de defensa oficial, la omisión bajo el pretexto de la abundancia de quejas, el lavado de aguacate ilegal usando sellos de huertas certificadas, la presión política y social de los cabilderos de los huerteros ilegales buscando ser amnistiados para que su fruto salga a otros mercados, que no sean del T-MEC y la Unión Europea, y la presión del crimen organizado, son entre muchas, algunas de las maniobras que se intentarán para brincar las nuevas disposiciones de política ambiental y que de tomar normalidad, seguirán estimulando los delitos ambientales. De ahí la importancia de que todo el sistema sea transparente y no deje rincones obscuros y fértiles para la maniobra.
El Guardian Forestal, un sistema de justicia ambiental eficiente y transparente que lo acompañe, la participación social y medidas de recuperación ambiental en la perspectiva de la sustentabilidad, puede representar un gran paso para frenar la destrucción de nuestros bosques.
La aplicación de este programa dará pie, por necesidad, a la cuestión de fondo: el acuerdo político y social para proyectar el imprescindible y urgente desarrollo económico sustentable de Michoacán ―del que deben formar parte los cultivos de frutillas y otras agroindustrias e industrias que generan una enorme huella ecocida― y en el que por supuesto, no se comprometan nuestros ecosistemas, los bosques, las aguas y el derecho humano de los michoacanos a un medio ambiente sano.
¡Los resultados hablarán, los esperamos!
