El pasado domingo, en el municipio de Chucándiro, Michoacán, el conocido sacerdote Alfredo Gallegos Lara, mejor conocido como “El Padre Pistolas”, fiel a su estilo alzó la voz en su parroquia para sumarse a la demanda de los agricultores.
Desde su púlpito, el padre envió un contundente mensaje a la presidenta Claudia Sheinbaum, exigiendo que el precio por tonelada de maíz nacional se eleve a 12 mil pesos para el presente ciclo agrícola.
Esta petición no es un grito aislado, sino que se inscribe en un movimiento nacional que agrupa a productores de estados clave como Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Guanajuato y Michoacán. El malestar es claro: los agricultores denuncian que los altos costos de producción de una hectárea de maíz hacen inviable la rentabilidad si el precio de la tonelada se estanca en los 7 mil 200 pesos que el gobierno federal proyecta como máximo.
El conflicto no es con los programas de apoyo a pequeños productores, ni con los de la masa y la tortilla. La crítica de los productores de mediana y gran escala se centra en los intermediarios e industriales, quienes, en palabras de un vocero del movimiento, se quedan “con la gran tajada del pastel”.
Mientras los agricultores aspiran apenas a un uno por ciento de rentabilidad para subsistir, los industriales gozan de márgenes “por arriba del quinientos por ciento”, según cifras que circulan entre los inconformes.
La lucha no solo se libra en las calles y en las parcelas, sino que ahora se traslada a los foros de discusión. El denominado Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano ha convocado a un foro en el Congreso de la Unión. La reunión contará con la participación de economistas de la UNAM, buscando analizar la problemática desde una perspectiva técnica y encontrar propuestas y soluciones viables para garantizar la sostenibilidad y rentabilidad del campo mexicano.
La exigencia del Padre Pistolas y el movimiento de los productores de maíz evidencian una fractura profunda en la cadena productiva y las políticas del Gobierno de México, que ha ido toreando el asunto con el anuncio del nuevo programa Cosechando Soberanía y que involucra a todas las dependencias del sector incluido FIRA, pero que hasta ahora no logra convencer a los agricultores.
