En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, la 76 Legislatura del Congreso del Estado celebró un foro de reflexión y análisis donde se expusieron los retos y las necesidades urgentes para garantizar los derechos de las mujeres,
Dulce Patricia Rodríguez Sandoval puso especial énfasis en las mujeres indígenas, destacó que los avances legislativos son insuficientes sin un compromiso real y recursos adecuados, e hizo un llamado a integrar la perspectiva cultural en servicios básicos y políticos.
La abogada e integrante de la Coordinación General de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (CONAMI) y es representante de la Región México del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas (ECMIA) enfocó su intervención en la necesidad de transformar el sistema de justicia y los servicios de salud y educación.
“Se requieren mecanismos de justicia accesible, rápida, culturalmente pertinente y con acompañamiento suficiente”, además de propner integrar la medicina tradicional en los servicios de salud y valorar las lenguas y conocimientos indígenas en la educación.
Al abordar la eliminación de violencias, la experta alertó sobre el aumento de agresiones contra mujeres indígenas, especialmente en territorios con presencia militar o actividad extractiva.
Por ello, instó a creaer protocolos especializados, casas de atención con pertinencia cultural, defensoras comunitarias, estrategias de prevención que incluyan a autoridades tradicionales.
Uno de los puntos más enfáticos de la reflexión fue la protección de las defensoras territoriales ante los altos riesgos que enfrentan.
Rodríguez Sandoval incluyó en sus propuestas el combate a la violencia política facilitada por medios tecnológicos, la cual no solo ataca la participación, sino que ejerce violencia psicológica y, en ocasiones, “acaba con la vida de las personas”.
“Tengo que agregar el tema de amenazas y criminalización de defensoras y particularmente la violencia política facilitada por los medios tecnológicos”, señaló.
La ponente lamentó la escasa afluencia de funcionarios públicos al foro, indicando que más de la mitad de la sala se encontraba vacía. Reconoció el interés de las diputadas presentes, pero criticó la falta de compromiso del funcionariado:
Destacó que la violencia política se recrudece contra las mujeres que ejercen sus derechos en sus territorios. Asimismo, advirtió que la falta de una representación efectiva de las mujeres, particularmente las indígenas, en espacios de toma de decisiones sigue siendo un desafío.
“No es gratis que haya modificación legislativa, no es gratis que haya una ampliación de curules para que las ocupen las mujeres y no es gratis que en este momento estemos hablando de violencia política en razón de género”.
Finalmente, la especialista puntualizó que, aunque existen propuestas como fiscalías especializadas, protocolos de protección y sistemas de alerta temprana, el mayor obstáculo para su implementación es la “falta de presupuesto”. Entre sus recomendaciones finales se incluyeron: protocolos especializados de atención; apoyo fiscal para iniciativas de mujeres; y capacitación en liderazgo para la participación política femenina.
Patricia Rodríguez Sandoval Es integrante del Grupo de Trabajo para la Implementación de la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas (DADIN) en representación del Estado Mexicano. y es integrante activa de la Red Nacional de Abogadas Indígenas (RAI).
Diputadas llaman a convertir la lucha contra la violencia de género en agenda permanente
En el marco de la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25 de noviembre), legisladoras del Congreso de Michoacán hicieron un llamado unánime para que la lucha deje de ser una efeméride y se consolide como una agenda pública prioritaria y continua.
La diputada Sandra Arreola Ruiz (PVEM) enfatizó que la respuesta gubernamental y social no puede ser “estacional”, ya que la violencia no toma descansos. Exigió pasar de la reflexión a la acción constante, lo que implica presupuestos etiquetados con perspectiva de género que no desaparezcan, campañas de prevención continuas y una fiscalización inquebrantable de las instituciones de justicia.
Por su parte, la presidenta del Congreso, Giulianna Bugarini, destacó los avances legislativos recientes, afirmando que hoy se cuenta con “leyes y herramientas reales” que cambian la historia y protegen vidas, señalando que la violencia es el reflejo de un sistema de desigualdad. Subrayó que la responsabilidad es compartida y que la democracia solo es auténtica si garantiza la seguridad e igualdad para todas las mujeres y niñas de Michoacán.
En el mismo sentido, la diputada Brissa Arroyo Martínez (PRD) se pronunció a favor de una lucha pacifista que incorpore a la sociedad civil y a los tres órdenes de gobierno, haciendo un llamado a no más silencios cómplices. Resaltó el lema de la ONU sobre la violencia digital y alertó sobre la necesidad de combatirla como un preámbulo de la violencia feminicida.
Arroyo Martínez también coincidió con la activista Dulce Patricia Torres Sandoval, originaria de Pichátaro, en la necesidad de reivindicar a la mujer indígena y saldar deudas históricas. Torres Sandoval, experta en derecho y balística forense, explicó que la igualdad real requiere marcos normativos con enfoque interseccional e intercultural que reconozcan los derechos individuales y colectivos de las mujeres indígenas, haciendo hincapié en desafíos como el racismo institucional y la falta de intérpretes capacitados.
