En un paso histórico para la legislación estatal, el Gobierno de Michoacán consolidó una reforma constitucional que eleva el derecho a un medio ambiente sano, limpio y sostenible a rango máximo. Durante la habitual rueda de prensa semanal encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el secretario de Medio Ambiente, Alejandro Méndez López, informó que esta modificación no solo alinea a la entidad con tratados internacionales y reformas federales, sino que otorga a la naturaleza un deber jurídico vinculante para el Estado.
La nueva normativa introduce el principio precautorio, una herramienta jurídica que invierte la carga de la prueba: a partir de ahora, cualquier promotor de obras o proyectos debe comprobar fehacientemente que su actividad no causará daño ambiental antes de recibir autorización.
Con este marco, la administración estatal busca garantizar la justicia intergeneracional y la paz social, evitando que la protección del entorno quede reducida a “letra muerta”.
Uno de los pilares tecnológicos de esta reforma es la constitucionalización de los sistemas ‘Guardián Forestal’ y ‘Guardián del Agua’. Estas herramientas de vigilancia geoespacial y monitoreo satelital permanente permiten un control riguroso sobre el territorio para frenar el cambio ilegal de uso de suelo, el cual ha devastado miles de hectáreas boscosas en el último lustro.
Además, la reforma incorpora los principios del Acuerdo de Escazú, asegurando que la ciudadanía tenga acceso transparente a datos ambientales y participación activa en la justicia ambiental.
En una medida innovadora a nivel nacional, la Constitución michoacana ahora exige que los notarios verifiquen las responsabilidades ambientales en los traslados de dominio. Esto significa que, en cualquier compraventa o donación de inmuebles, se deberán observar los gravámenes ambientales existentes, blindando al estado contra la expansión inmobiliaria irregular y asegurando que los nuevos propietarios asuman la corresponsabilidad en el cuidado del suelo.
Certificación laboral para proteger la exportación de aguacate
En el mismo espacio, el secretario de Desarrollo Económico, Claudio Méndez Fernández, anunció que el 1 de abril de 2026 entrará en vigor el Certificado Laboral para la Agroexportación a través de la plataforma VELAGRO. Este programa piloto, que tendrá una duración inicial de seis meses, busca garantizar que los trabajadores del sector aguacatero —desde las huertas hasta los empaques— cuenten con afiliación al IMSS y respeto total a sus derechos laborales.
Claudio Méndez Fernández subrayó que este esquema de trazabilidad laboral es una estrategia preventiva ante la renegociación del T-MEC prevista para julio de 2026.
Al asegurar condiciones de trabajo dignas, Michoacán busca evitar restricciones comerciales por parte de Estados Unidos y Canadá, combatir la competencia desleal y precisar el impacto real de la industria, que actualmente genera entre 8 y 9 empleos por cada tonelada de aguacate producida.
