Las voces de los pueblos originarios, las comunidades y la ciudadanía deben traducirse en leyes y acciones reales que garanticen sus derechos, afirmó la diputada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán, Xóchitl Ruiz González, durante el Parlamento Regional realizado en Pátzcuaro rumbo a la reforma integral de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
Durante su intervención, la legisladora destacó que escuchar a los pueblos originarios, a las comunidades, colectivos y ciudadanía es fundamental para construir una reforma que realmente responda a las necesidades actuales y contribuya a saldar las deudas históricas que aún existen en materia de derechos humanos y garantizar que la nueva norma, responda a las necesidades de los distintos sectores sociales.
“Qué bueno que estos espacios se estén llevando a las regiones, porque las mejores propuestas nacen cuando la gente participa y expresa lo que vive día a día”, resaltó Xóchitl Ruiz al referirse a la importancia de los ejercicios de diálogo y escucha ciudadana impulsados dentro de los Parlamentos Regionales.
Se coincidió en que se deben garantizar traductores de lenguas originarias en centros de salud, una mayor intervención de las autoridades en seguridad, medio ambiente, el diseño de planes educativos interculturales, entre otros.
La diputada celebró que este foro se enfocara especialmente en los derechos de los pueblos indígenas y llamó a las autoridades a respetar plenamente su autonomía y formas de organización, al considerar que estos encuentros permiten construir propuestas reales desde las propias comunidades.
Asimismo, sostuvo que todas las propuestas y planteamientos expresados por las y los participantes deberán traducirse en acciones concretas desde el Poder Legislativo para fortalecer el marco jurídico estatal en materia de derechos humanos.
En el Parlamento Regional participaron el titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán, Josué Mejía, diputadas y diputados locales, autoridades estatales, representantes de comunidades indígenas y diversos sectores sociales.
