Con el objetivo de visibilizar las profundas desigualdades en los roles de crianza y los vacíos legales que vulneran a las madres autónomas, se llevó a cabo en las instalaciones de Casa Michoacán el foro “Construyendo Justicia: Ley Cazzu y protección contra la violencia vicaria”. El encuentro reunió a autoridades gubernamentales, legisladoras, abogados y especialistas para impulsar una reforma que ponga al centro los derechos de las infancias.
Durante la inauguración del evento, Alejandra Anguiano González, secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Seimujer), enfatizó que acompañar la maternidad desde las instituciones es un acto de estricta justicia social.
Subrayó que en la entidad existen alrededor de 410 mil hogares encabezados exclusivamente por madres autónomas, lo que refleja un problema sistemático de abandono afectivo y económico por parte de los progenitores.
“En Michoacán, las horas de trabajo de cuidados no remunerado representan el 37% del Producto Interno Bruto (PIB) estatal. A este estado lo sostenemos las cuidadoras y las mujeres”, apuntó Anguiano González, advirtiendo que la excesiva carga doméstica histórica ha limitado la participación igualitaria de las mujeres en sectores como la política, la ciencia y la cultura.
La titular de Seimujer recordó que gracias al trabajo coordinado con colectivos de deudores alimentarios, en Michoacán ya se aplican restricciones severas a quienes incumplen con sus responsabilidades: “Hoy en día, un deudor alimentario en el estado no puede ejercer cargos públicos, no puede tramitar licencias de conducir ni salir del país”.
El origen de la Ley Cazzu
Al tomar la palabra, la diputada local Sandra Arreola explicó que se acuñó el nombre mediático de “Ley Cazzu” inspirándose en la problemática pública de la cantante argentina —quien vivió restricciones legales y burocráticas impuestas por el progenitor para poder viajar con su hija menor de edad—. La legisladora enfatizó que, aunque el referente sea internacional, la problemática la padecen de forma generalizada más del 90% de las madres autónomas en México.
Sandra Arreola detalló que actualmente el trámite de documentos esenciales como el pasaporte o la visa infantil requiere obligatoriamente la firma de ambos padres. Cuando existe una negativa injustificada o el padre no es localizable, las madres se ven obligadas a iniciar juicios que tardan de seis meses a varios años, provocando que los menores pierdan oportunidades médicas, académicas o deportivas de alto rendimiento.
“La patria potestad conlleva derechos pero también obligaciones. No puede ser posible que alguien que ha estado completamente ausente del cuidado diario, que no sabe si su hijo comió o durmió, aparezca únicamente para bloquear un trámite con el único fin de lastimar a la madre a través del menor”, denunció la diputada.
Agregó que la iniciativa ya fue presentada formalmente ante el Congreso del Estado, pero debido a la falta de discusión en comisiones, se lanzó una recaudación de firmas digital a través de la plataforma Change.org para presionar políticamente su pronta aprobación.
Por su parte, el especialista jurídico Rodrigo Guerra Wong ofreció una perspectiva técnica del fenómeno y señaló que el marco legal mexicano suele priorizar de forma equivocada los derechos de los padres por encima de las necesidades de desarrollo de los hijos, convirtiendo la patria potestad en una herramienta de poder y control en lugar de protección.
El jurista propuso que la “Ley Cazzu” debe cimentarse bajo tres figuras esenciales:
- Interés superior del menor: Que prevalezca el derecho de las infancias a la identidad y al libre desarrollo por encima de los litigios de los adultos.
- Abandono parental: Regular de manera específica en materia familiar y penal a quien de forma voluntaria, sistemática y reiterada deje de asumir sus obligaciones de crianza.
- Corresponsabilidad parental: Garantizar por ley que las labores de cuidado, educación, sanación y protección sean distribuidas equitativamente.
El abogado puntualizó que en los juicios de reconocimiento de paternidad basta con que el implicado no se presente a las pruebas para que el juez asuma la filiación de manera automática. Bajo esa misma lógica elemental de justicia, consideró que debería bastar una sola notificación al padre ausente respecto a un trámite migratorio infantil; ante su silencio o negativa injustificada, la ley debería facultar de manera expedita el otorgamiento del documento a la madre presente.
El foro concluyó con un llamado unánime de los ponentes hacia la ciudadanía y los representantes legislativos para cobijar la reforma y agilizar los procesos judiciales en materia familiar, los cuales representan actualmente siete de cada diez conflictos legales en el país.
