Israel Vega Rodríguez, vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, detalló que ocho de los nueve falsos policías de la Guardia Civil en Zinapécuaro que ya se encontraban en prisión preventiva tras ser detenidos en flagrancia por fuerzas federales, fueron identificados por víctimas y testigos como participantes directos en la privación ilegal de la libertad y homicidio de dos personas, en hechos ocurridos en octubre de 2025. Las órdenes de aprehensión por estos delitos se ejecutaron en reclusión el pasado 8 de julio.
Vega Rodríguez advirtió que las indagatorias continúan abiertas y que la Fiscalía no dudará en agotar los actos de investigación hasta alcanzar cualquier nivel estructural en los ayuntamientos donde está involucrado el crimen organizado.
En este contexto de vulnerabilidad institucional, el vicefiscal confirmó que ya se atiende de manera efectiva al menos una denuncia presentada por un presidente municipal por el delito de extorsión, presuntamente orquestada por sus propios elementos de seguridad.
En los últimos días, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, puso sobre la mesa el debate nacional para la desaparición de las policías municipales, al advertir que representan el eslabón más débil de la seguridad y operan bajo la infiltración del crimen organizado, sometiendo a extorsiones incluso a los propios alcaldes.
El gobernador plantea la necesidad de reformar el artículo 115 de la Constitución Federal, retirando a los ayuntamientos la atribución de la seguridad pública. El mandatario expuso que la realidad operativa y financiera ha rebasado a los municipios, destacando que de los dos mil 462 que existen en el país, más de mil ya no cuentan con una corporación de seguridad.
Además, denunció que los gobiernos locales están armando y dando de alta a elementos que no han aprobado sus exámenes de control y confianza.
Para ilustrar esta grave irregularidad, el ejecutivo estatal recordó el reciente caso de Uruapan, donde siete policías municipales fueron detenidos por una ejecución extrajudicial. De los implicados, cuatro portaban armas sin contar con ningún tipo de acreditación oficial, y todos operaban bajo el mando de un coordinador que actualmente se encuentra prófugo de la justicia. Situaciones similares de infiltración y ruptura institucional se han detectado en demarcaciones como Ecuandureo y Coahuayana.
Ante la realidad de alcaldes que son amenazados y chantajeados por sus propios agentes municipales, Ramírez Bedolla propuso que sea una policía nacional quien asuma estas tareas.
Específicamente en Michoacán, sugirió aprovechar el despliegue territorial de la Guardia Nacional, corporación que actualmente cuenta con 52 cuarteles en el estado y supera ampliamente a las policías municipales tanto en estado de fuerza como en niveles de certificación y adiestramiento, perfilándose como la única alternativa viable para pacificar los territorios que hoy se encuentran bajo el asedio del crimen y la corrupción policial.
