La región aguacatera de Michoacán tendrá un Centro Regional de Fusión e Inteligencia para concentrar información, investigaciones y operaciones contra las redes de extorsión que mantienen bajo presión a productores, comerciantes, transportistas y empresarios.
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla anunció que el nuevo esquema tendrá como eje la región de Uruapan y extenderá sus operaciones hacia municipios estratégicos como Peribán, Los Reyes, Tingüindín y Cotija, donde la actividad agroindustrial representa uno de los principales motores económicos del estado.
La apuesta, explicó, es llevar las capacidades de inteligencia directamente al territorio y coordinar en un mismo frente a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Fiscalía General del Estado (FGE), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Guardia Nacional y Defensa.
El anuncio ocurre en medio de una ofensiva contra la extorsión que, de acuerdo con cifras presentadas este miércoles, ha permitido cumplimentar 110 órdenes de aprehensión entre enero y agosto, mientras que 52 personas han sido detenidas por su probable relación con este delito.
El secretario de Seguridad Pública, José Antonio Cruz Medina, sostuvo que uno de los objetivos es pasar de la recopilación de información a operaciones concretas contra quienes realizan directamente los cobros.
Como ejemplo expuso las recientes detenciones de Cristian “N”, alias “El Vikingo”, y Dionicio “N”, ambos investigados por presuntas extorsiones relacionadas con el sector aguacatero.
“El Vikingo” fue detenido el pasado 7 de agosto después de labores de vigilancia y seguimiento que permitieron ubicarlo en la localidad de Tiamba, municipio de Uruapan, donde presuntamente se reunió con productores para establecer cobros.
Las investigaciones lo ubican como supuesto enlace con integrantes de un grupo delictivo y relacionado con exigencias económicas a productores de aguacate, comerciantes y propietarios de establecimientos. Las autoridades llamaron a posibles víctimas a identificarlo y presentar las denuncias correspondientes para fortalecer las investigaciones.
El segundo caso ocurrió el 10 de agosto en Peribán, donde una denuncia permitió preparar un operativo de pago controlado.
De acuerdo con la SSP, Dionicio “N” presuntamente exigía dinero a una víctima a cambio de permitirle continuar con la recolección de aguacate. Con acompañamiento de las autoridades se realizó la entrega controlada del recurso y el sospechoso fue detenido durante el cobro.
Para el Gobierno estatal, operaciones de este tipo muestran el papel que tendrá el nuevo Centro de Fusión: recibir información, identificar estructuras y convertir la inteligencia en detenciones, particularmente en municipios donde la extorsión golpea directamente a las cadenas productivas.
Bedolla llamó a quienes hayan sido víctimas de las personas recientemente detenidas a acudir ante las autoridades, al señalar que nuevas denuncias pueden aportar elementos para ampliar las investigaciones y judicializar otros hechos.
El reforzamiento de la estrategia coloca ahora a Uruapan y al corredor aguacatero como una de las zonas prioritarias en el combate a la extorsión, con un modelo que buscará articular inteligencia estatal y federal para identificar no sólo a quienes realizan los cobros, sino a las estructuras criminales que operan detrás de ellos.
