El Gobierno de Michoacán respondió con cifras a los señalamientos de una presunta “asfixia financiera” contra la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH). El secretario de Finanzas y Administración, Luis Navarro García, informó que entre 2021 y 2026 el estado ha destinado 9 mil 973 millones de pesos a la institución.
El posicionamiento ocurre después de que la rectora Yarabí Ávila González denunciara presiones e injerencias externas que, afirmó, han impactado las finanzas universitarias, pese al reconocimiento constitucional de la autonomía y del presupuesto pleno.
La Rectora expuso que 91 por ciento del presupuesto universitario se destina a sueldos y salarios, dejando únicamente 9 por ciento para el resto de la operación. A ese escenario, señaló, se han agregado obligaciones por más de 130 millones de pesos que no estaban presupuestadas, relacionadas principalmente con laudos laborales, ayudas sindicales y litigios heredados.
La rectora sostuvo que estas cargas han obligado a la UMSNH a utilizar ingresos propios que originalmente podrían destinarse a infraestructura, mantenimiento, equipamiento y otras necesidades académicas. Incluso acusó que desde agentes externos se han generado condiciones para “ahorcar” financieramente a la institución.
Frente a estos señalamientos, Luis Navarro García puso sobre la mesa las aportaciones realizadas por el Ejecutivo estatal. Según los datos difundidos por la Secretaría de Finanzas, entre 2021 y 2026 se entregó un promedio anual de mil 662 millones de pesos de recursos estatales, sin considerar las aportaciones provenientes de la Federación.
La dependencia comparó esa cantidad con los 988 millones de pesos anuales en promedio que, señaló, fueron aportados por el estado entre 2015 y 2020. Bajo ese cálculo, el financiamiento estatal promedio destinado a la Universidad habría registrado un incremento de 68.14 por ciento.
Navarro sostuvo que el aumento de recursos ha contribuido a garantizar el pago de quincenas y prestaciones de profesores y trabajadores, además de mantener la operación de la institución.
Mientras la Rectoría advierte que obligaciones extraordinarias y decisiones externas están absorbiendo recursos indispensables para su funcionamiento, el Gobierno estatal sostiene que sus aportaciones a la Universidad se encuentran en niveles superiores a los de administraciones anteriores.
