Uruapan y la sombra política de Carlos Manzo atravesaron el debate en el Congreso de Michoacán previo a la entrega formal del Quinto Informe de Gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla. Sin coincidir en diagnósticos, diputados de las distintas fuerzas confrontaron avances en infraestructura y finanzas con la inseguridad, la fortaleza institucional y la exigencia de que las cifras gubernamentales se traduzcan en tranquilidad para la población.
Desde Movimiento Ciudadano, Antonio Carreño Sosa reconoció estabilidad presupuestaria y obras concluidas, pero cuestionó el costo de los teleféricos de Morelia y Uruapan. Afirmó que el costo por kilómetro sería de 266 y 380 millones de pesos, respectivamente, y planteó dudas sobre sus futuros gastos de mantenimiento y operación.
El diputado del PRD, Conrado Paz Torres, llevó directamente la discusión a Uruapan. Reconoció inversiones como el teleférico, el Paso Superior Carlos Manzo, Paseo de la Revolución, Mercado Poniente y la modernización del transporte, pero sostuvo que la obra pendiente de mayor dimensión es “reconstruir la seguridad” y recuperar la tranquilidad. Habló además de una crisis institucional en el municipio y demandó fortalecer a la Policía Municipal y la capacidad del Ayuntamiento.
Aunque en parte de su discurso no mencionó directamente a Carlos Manzo, el legislador cuestionó la construcción de figuras políticas a partir de víctimas y sostuvo que la respuesta a la violencia debe pasar por instituciones y corporaciones de seguridad fortalecidas. La referencia ocurrió en un debate donde el asesinato del exalcalde estuvo presente en varias intervenciones.
El priista Guillermo Valencia Reyes sí colocó expresamente a Carlos Manzo en el centro de su posicionamiento. Además, cuestionó la reducción de homicidios dolosos reportada por el Gobierno estatal, al asegurar que existen casos documentados en medios que no aparecen en los registros oficiales. También rechazó la narrativa de un “milagro financiero” y calificó como un “truco financiero” la venta de inmuebles estatales para sostener el argumento de disciplina y ausencia de nueva deuda.
En contraste, Eréndira Isauro Hernández defendió las obras y acciones de la administración estatal, aunque reconoció que “el pueblo sigue muy lastimado por el pasado” y que aún existen pendientes. Destacó infraestructura en Uruapan y reivindicó el actual uso de helicópteros oficiales para ambulancia aérea y combate de incendios, frente al uso que atribuyó a gobiernos anteriores. Cerró su intervención con una de las frases políticas del informe: “Trabajo mata grilla”.
Por el PAN, Alfonso Chávez Andrade reconoció avances en infraestructura, pero pidió que la evaluación del gobierno vaya más allá de estadísticas. Cuestionó si la reducción oficial de homicidios se refleja realmente en la percepción de seguridad, y señaló pendientes en salud, educación, empleo y atención a mujeres. También llamó a impedir que la obra pública se convierta en propaganda electoral durante 2027.
El petista Hugo Rangel Vargas planteó la autocrítica como condición para mantener vigente el proyecto de izquierda. Reconoció estabilidad financiera e inversión pública, pero sostuvo que “la crítica y la autocrítica no debilitan a un proyecto político, lo mantienen vivo”, al advertir que persisten pobreza, marginación, desplazamiento y demandas de justicia.
Desde el Partido Verde, Juan Antonio Magaña de la Mora pidió no “regatear” los beneficios de la gestión de Ramírez Bedolla y reconoció la inversión en infraestructura y la política de no contratar nueva deuda. En materia ambiental, llamó a reforzar la protección de bosques, combatir el cambio ilegal de uso de suelo y continuar las acciones de conservación.
Por Morena, Alejandro Iván Arévalo Lobera centró su intervención en la recuperación de las capacidades financieras del Estado, al destacar que Michoacán puede proyectar y ejecutar obra sin recurrir a nuevo endeudamiento, cumplir con obligaciones como la nómina educativa y recuperar margen de decisión sobre los recursos públicos.
El Gobernador escucho las participaciones acompañado de Mario Delgado, secretario de Educación Pública en representación de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el magistrado presidente del Poder Judicial, Hugo Gama Coria, para después hacer entrega del V Informe de Gobierno.
