La controversia por la elección de la próxima persona titular de la Rectoría de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) escaló este martes de las declaraciones institucionales a las movilizaciones en las calles y al Congreso del Estado, donde se confrontan distintas posturas sobre el procedimiento y los tiempos para concretar el relevo universitario.
La rectora Yarabí Ávila González aseguró que concluirá su gestión el 8 de enero de 2027, como establece la legislación universitaria, y descartó cualquier intención de reelegirse o prolongar su permanencia en el cargo.
“Mi nombramiento es claro y es hasta el ocho de enero del dos mil veintisiete”, sostuvo, al defender el reglamento aprobado este dos de noviembre por el Consejo Universitario, que contempla el voto universal para la elección de Rectoría.
La funcionaria explicó que el aplazamiento del proceso electoral de la UMSNH busca evitar su coincidencia con las elecciones estatales de 2027. Precisó que, al concluir su mandato, corresponderá al Consejo Universitario determinar quién quedará temporalmente al frente de la institución mientras se organiza la elección.
Nuevamente, Yarabí Ávila acusó intentos de intervención externa y cuestionó la propuesta legislativa para recuperar la antigua Comisión de Rectoría, al considerar que representaría un retroceso en la autonomía universitaria.
Por su parte, en Casa Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla afirmó que respeta las decisiones de la Universidad Michoacana, pero expresó su expectativa de que el relevo institucional ocurra el próximo 8 de enero, conforme a la Ley Orgánica y al Estatuto Universitario.
“Yo no veo ninguna crisis real en la Universidad”, señaló, al llamar a la serenidad y recordar que su administración mantiene el respaldo presupuestal a la institución, con recursos que superan los cinco mil millones de pesos y obras de infraestructura en desarrollo.
Congreso analiza modificar los plazos de elección
Desde el Congreso del Estado, el diputado Baltazar Gaona explicó que la propuesta sometida a consideración de la 76 Legislatura plantea reformar los artículos cuarto y quinto transitorios de la Ley Orgánica universitaria.
El dictamen busca recuperar por única ocasión la antigua Comisión de Rectoría para el próximo relevo y posponer hasta 2031 la aplicación de los nuevos mecanismos de elección, bajo el argumento de que la aprobación y publicación del reglamento universitario se retrasó.
La iniciativa abrió un nuevo frente de confrontación entre quienes defienden las atribuciones del Consejo Universitario y quienes consideran necesario modificar el marco legal para dar certidumbre al proceso.
La disputa también llegó a las calles. Un contingente de universitarios marchó por la avenida Francisco I. Madero y se detuvo frente al Congreso para exigir respeto a la autonomía de la Casa de Hidalgo y rechazar modificaciones legislativas que consideran una intervención en sus decisiones internas.
En contraste, integrantes del Movimiento Universitario por una Reforma Legal y Plural (MURL) acudieron al recinto legislativo, a la Tribuna Ciudadana, para defender una iniciativa que aseguran es respalda por más de seis mil firmas de estudiantes, docentes, trabajadores y egresados.
El movimiento cuestionó la forma en que el Consejo Universitario aprobó el nuevo reglamento y denunció presuntas irregularidades y exclusiones en la representación universitaria.
Ricardo Pérez Munguía sostuvo que el grupo no se opone a la reforma, sino que exige procedimientos legales, participación plural y garantías democráticas para elegir a las próximas autoridades.
