En medio de un intenso debate sobre la autonomía universitaria, la legalidad y la participación democrática, el Congreso de Michoacán aprobó por mayoría una reforma a las disposiciones transitorias de la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), que permitirá recuperar, por única ocasión, la antigua Comisión de Rectoría para designar a quien encabezará la institución durante el periodo 2027-2031.
El dictamen obtuvo 32 votos a favor, tres en contra y una abstención, luego de una discusión en la que legisladores cuestionaron tanto el retraso de las autoridades universitarias para adecuar su normativa como la constitucionalidad de regresar a un mecanismo de designación que había sido sustituido por un modelo de elección democrática.
La reforma establece que la Comisión de Rectoría estará integrada por ocho miembros: cinco exrectores, el decano de los directores de escuelas, facultades e institutos, el decano de los profesores en activo y un estudiante consejero universitario con el promedio académico más alto.
Este órgano tendrá la atribución de nombrar a la próxima persona titular de Rectoría y deberá instalarse dentro de los diez días naturales siguientes a la entrada en vigor del decreto. Los nuevos mecanismos de elección contemplados en la reforma universitaria se aplicarían hasta 2031.
Uno de los posicionamientos más críticos fue el del diputado Guillermo “Memo” Valencia Reyes, quien votó en contra al considerar que la reforma contraviene el artículo tercero constitucional y la Ley General de Educación Superior, que establece la necesidad de consultar a la comunidad universitaria antes de modificar su Ley Orgánica.
“No hay condiciones, no hay condiciones, lo dicen unos, lo dicen otros, y ante la falta de condiciones no se pueden tomar decisiones a la ligera y sobre todo si no se consulta a la comunidad universitaria”, expresó desde la tribuna.
El legislador reconoció que las autoridades universitarias incumplieron los plazos para emitir el reglamento correspondiente, pero sostuvo que esa omisión no justifica aprobar una reforma que, a su juicio, podría vulnerar la autonomía de la Casa de Hidalgo.
“No hay prisas, no hay ninguna prisa, que se haga una consulta, que se le tome en cuenta a la comunidad universitaria”, insistió.
Valencia también cuestionó que las más de seis mil firmas presentadas como respaldo a la iniciativa no representan el sentir de toda la comunidad nicolaita.
Diputados defienden certeza jurídica y relevo institucional
En contraste, el diputado Juan Carlos Barragán Vélez respaldó el dictamen al señalar que la prioridad debe ser garantizar el relevo de autoridades el próximo 8 de enero de 2027, sin prolongaciones del mandato actual ni vacíos institucionales.
“Defender la autonomía universitaria no significa defender la permanencia de una persona en el cargo, significa defender las instituciones, respetar sus normas y garantizar que los órganos universitarios actúen con libertad”, sostuvo.
Por su parte, Baltazar Gaona García defendió la legitimidad de la iniciativa, al señalar que fue impulsada por integrantes de la propia comunidad universitaria y respaldada por más de seis mil firmas.
El legislador atribuyó la necesidad de recuperar temporalmente la Comisión de Rectoría al retraso en la aprobación del reglamento universitario y sostuvo que la reforma no elimina definitivamente el proyecto de democratización.
“No le estamos quitando a la Universidad Michoacana la posibilidad que puedan elegir a su rector de una forma más democrática […] lo único que están solicitando con este dictamen es que se postergue para el dos mil treinta y uno”, afirmó.
En el mismo sentido, la diputada Xóchitl Ruiz González consideró necesario dar estabilidad a la institución y evitar incertidumbre durante la sucesión.
“La Universidad Michoacana necesita estabilidad, continuidad institucional y reglas claras para conducir su próxima sucesión”, expresó al justificar su voto favorable.
Desde la postura contraria, el diputado Antonio Carreño Sosa argumentó que regresar al mecanismo anterior podría contravenir el artículo 143 de la Constitución de Michoacán, que contempla la participación democrática de la comunidad universitaria.
“Regresar al mecanismo anterior, como lo propone el dictamen, es anticonstitucional porque no es democrático”, señaló.
También cuestionó que el Congreso determine mediante decreto el reglamento interno que deberá utilizarse en el proceso, al considerar que esa decisión corresponde a las autoridades universitarias.
En tanto, el diputado Hugo Rangel Vargas reconoció que la antigua Comisión de Rectoría representa un mecanismo anacrónico, aunque consideró su recuperación como una salida transitoria frente a la controversia actual.
Antes de concluir la sesión, el diputado Juan Antonio Magaña de la Mora presentó una reserva para adicionar un sexto artículo transitorio, con el propósito de establecer expresamente que la Comisión de Rectoría deberá garantizar la participación de la comunidad universitaria conforme al artículo 143 de la Constitución estatal.
La propuesta fue aprobada con 32 votos a favor y tres en contra, incorporándose al decreto.
Con esta decisión, el Congreso busca dar certeza al proceso de renovación de la Rectoría, cuyo periodo actual, encabezado por Yarabí Ávila González, concluye el 8 de enero de 2027.
La sucesión rectoral entra así en una nueva etapa, con un mecanismo transitorio aprobado por el Legislativo, pero todavía sujeto a cuestionamientos políticos y jurídicos sobre su aplicación.
