4T: Revolución al campo

En medio de la polémica y en vísperas de la aprobación del Presupuesto Federal 2020, donde se advierte una disminución al campo del 29.3 por ciento, al pasar de 65 mil 434 millones a 46 mil 253 millones de pesos, el subsecretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Víctor Suárez Carrera expuso que, en cuanto al presupuesto rural, la Cuarta Transformación plantea un nuevo modelo para el campo mexicano, toda vez que del 2003 al 2018 el presupuesto asignado fue contradictorio a los indicadores económicos y sociales del sector.

El Gobierno de México que encabeza Andrés Manuel López Obrador -dijo- busca romper con el falso paradigma de que los pequeños y medianos productores carecen de potencial productivo; que no están dispuestos a innovar en procesos productivos y que no son capaces de garantizar el abasto alimentario a la población; que no se organizan.

“A pesar del abandono de 30 ó 35 años, los pequeños productores generan seis de cada diez empleos contratados y familiares del sector agropecuario, proveen 40 por ciento de la oferta nacional de granos básicos, trabajan con más de 300 cultivos y son guardianes de nuestros recursos naturales”.

LOS FRENTES

Sin embargo, el campo mexicano tiene diferentes frentes de batalla, pues por un lado enfrenta a empresas multinacionales que harán todo a su alcance para mantener la codependencia en los sistemas de producción; la “grilla” interna que rodea a la dependencia del sector; y la clase política que buscan capitalizar el tema para llevar agua a su molino.

Las organizaciones agrícolas ya han alzado la voz y advierte que aún y cuando en el campo mexicano vive el 25 por ciento de la población, apenas se están asignando el 5.4 por ciento del gasto total, lo cual estaría aumentando la desigualdad social, provocando una caída en la producción agropecuaria que afectaría la balanza comercial.

Sostienen que no se puede rescatar al campo eliminando los programas productivos, aunque aplauden la decisión de incrementar los beneficiarios de los programas sociales, la ausencia del Estado podría generar el deterioro de las condiciones de miles de productores que realizan la agricultura comercial y permiten el abasto de alimentos a los mexicanos.

Y es que la propuesta de Presupuesto para programas relacionados al campo busca eliminar 20 de los 24 componentes que maneja la SADER  y los 4 programas restantes como el crédito ganadero, fertilizantes, desarrollo rural y de sanidad e inocuidad presentan disminuciones presupuestales, dejando recursos insuficientes para atender las demandas de los productores. A ello, habría que sumar las pifias con las que inició el Programa Crédito Ganadero y el de Fertilizantes.  

Bandera política

En el Congreso de la Unión  diputados de las diversas fuerzas políticas plantearon al secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, sus inquietudes sobre el tema.

Ismael Alfredo Hernández Deras, diputado del PRI, consideró indispensable realizar reasignaciones presupuestales que fortalezcan la reactivación económica, el mercado interno y el empleo.

También, la priista Lourdes Erika Sánchez Martínez señaló que el campo es un sector estratégico para el desarrollo económico y social del país, de ahí depende la seguridad y soberanía alimentaria de todos los mexicanos.

Consideró inadmisible la propuesta presupuestal de 2020 en el sector campo. “Es una ofensa y un agravio para las mujeres y los hombres que viven y trabajan ahí; es una muestra más de insensibilidad, pero también de desconocimiento”.

Al responder a los diputados, el secretario de Hacienda, Herrera Gutiérrez, sostuvo la importancia de identificar una forma creativa, inteligente y bien diseñada para distribuir recursos al campo.

“Tenemos que ver cómo generamos mecanismos crediticios que apoyen a los campesinos y tengan su fuente de repago, la cual no viene a las arcas de Hacienda”.

El funcionario federal resaltó que los recursos destinados al agro, no sólo se ejercen a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, sino también en los programas de bienestar social. Indicó que ascienden a alrededor de 72 mil millones de pesos. Los proyectos de producción para el bienestar ascienden a 11 mil millones de pesos, con un incremento del 18 por ciento.

Señaló, como ejemplo, el Programa Sembrando Vidas, manejado en la Secretaría del Bienestar, con recursos de alrededor de 25 mil 130 millones de pesos.

Durante el “Foro Sanidad e Inocuidad Pecuaria”, organizado por la Comisión de Ganadería en la Cámara de Diputados, Lorena Delgado González, presidenta de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de la Industria de Alimentos Balanceados para Animales (Conaal), puso en la mesa otro tema de gran relevancia al manifestar su preocupación por la sustancial reducción presupuestal a la Secretaría de Agricultura, y en especial, al Senasica, que además ha disminuido su personal calificado, cuya función primordial es controlar las importaciones cárnicas y garantizar que tengan calidad e inocuidad, lo que está en riesgo por falta de vigilancia en aeropuertos y puertos.

 “No contar con un presupuesto suficiente para Senasica es una alerta sanitaria, porque estaríamos susceptibles al ingreso de plagas y enfermedades. No debemos olvidar que la sanidad es fundamental para la productividad y competitividad del sector agroalimentario”.

Convocó a dejar discursos, división y protagonismo político para trabajar conjuntamente. Pidió a los diputados tomar decisiones que coadyuven a la seguridad alimentaria con recursos suficientes.

A nivel local, en el Congreso del Estado, los diputados del PRI y PRD también han fijado postura.

El coordinador de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el congreso de Michaocán, Eduardo Orihuela Estefan,  exhortó al titular del poder ejecutivo a efecto de que considere, incluya y no descalifique, las aportaciones de las organizaciones productivas y sociales del sector agropecuario, forestal y pesquero.

El legislador indicó que en los últimos años, el campo mexicano padece rezago en productividad y precios competitivos; inversiones escasas y malas temporadas de lluvias. “Está urgido de inversiones; de infraestructura; de tecnologías orientadas al impulso del sector social y privado; y de financiamiento para los productores, de tal forma que no pierda la visión de futuro y el ritmo de producción, con fines de atención de necesidades y de generación de divisas derivadas de las exportaciones”.

  Para Orihuela Estefan el contenido temático para el ejercicio fiscal del año 2020 privilegia la economía del subsidio social, castiga al sector primario y soslaya el desarrollo económico.

Por su parte, Octavio Ocampo Córdova integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado,  consideró alarmante que la federación esté planteando una disminución del 28.1 por ciento al sector agropecuario, silvicultura, pesca y caza, lo que implicará un duro golpe para un estado como Michoacán, principal productor agrícola en el país.

“Por privilegiar su política de la dádiva, la federación prácticamente decide desaparecer en 2020 el programa de Agromercados Sociales y Sustentables, el Programa de Acciones Complementarias, y el Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas”.

Ocampo Córdova cuestionó que exista un doble discurso dentro del paquete económico, ya que por un lado se establece que dentro del Ramo 15 en lo que corresponde al Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano se vayan a generar estudios y proyectos para el desarrollo regional, agrario, metropolitano y urbano, pero no se etiquete para ello ni un solo peso.

Por su parte, Jesús Luna Morales, líder de la CNC en Michoacán también externó su preocupación por el recorte al presupuesto en áreas, como: el programa de fomento ganadero; al Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable; Energías Renovables; y el programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola”.

Pero lo más preocupante –dijo- es el programa de adquisición de leche a productores nacionales el cual había recibido un mil 769 mdp para ejercer este 2019 “y todos estos programas para el 2020 no recibirán recursos económicos”.

El campo y la 4T

Durante su participación en el Foro Global Agroalimentario organizado por el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), el subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Víctor Suárez Carrera, explicó por qué la propuesta de presupuesto rural establece apoyos directos, con bajo costo operativo y menos tramitología, concentrados en pocos programas claves y a favor de pequeños y medianos productores (como son Producción para el Bienestar, Precios de Garantía, Canasta Básica, Fertilizantes, Crédito Ganadero y otros).

A esto, agregó, se suman mecanismos de integración financiera, económica y social de la población rural, vía el acceso global a internet y los 13 mil 512 Centros Integrales de Bienestar que la Secretaría de Bienestar ha comenzado a establecer a lo largo y ancho de Michoacán y el país, los cuales serán ventanilla única para la población de las localidades y contarán con cajeros automáticos.

 Ratificó que la política sectorial está dirigida a todos los productores, pero con prioridad a los más pobres, quienes fueron despreciados durante los gobiernos neoliberales. El subsecretario evidenció con gráficas que abarcan de 2003 a 2018 cómo el presupuesto rural estuvo divorciado e incluso fue contradictorio con los indicadores económicos y sociales del sector.

 Expuso que en los periodos en que el presupuesto fue más alto, la balanza comercial agropecuaria fue cada vez más deficitaria; los rendimientos de los cultivos básicos se mantuvieron inamovibles; la dependencia de importaciones de básicos se profundizó; el ingreso medio rural se congeló. Además, acotó, hubo un abandono del mercado interno, y eso hoy se quiere revertir.

 “¿Por qué hay voces que insisten en pedir aumento de presupuesto, tan solo por pedir aumento, cuando vemos que las fórmulas del pasado no funcionaron?”, preguntó e invitó a reflexionar sobre lo que está planteando la 4T.

 “Con los apoyos directos –que dan prioridad a los pobres, reconociéndoles sus derechos y ciudadanía, que implican transparencia, con censo público y sujetos a escrutinio, con rechazo a la corrupción y con certidumbre sexenal–, se está induciendo la reactivación económica desde abajo, como nunca ocurrió en el pasado. Se ha querido estigmatizar como asistencialistas esos apoyos directos pero hay evidencias de que tienen efectos sociales y productivos”, dijo Víctor Suárez.

 Ejemplificó: La incorporación de más de 48 mil jóvenes aprendices, como parte del esquema de apoyo técnico de Producción para el Bienestar, representa un grado de atención que solo podría alcanzar en 40 años el extinto programa Arráigate que operó la Secretaría de Agricultura en el sexenio pasado. Asimismo, Producción para el Bienestar apoya a mujeres rurales en un grado que solo podría alcanzar en 21 años el programa El Campo en Nuestras Manos del gobierno pasado.

 Recordó que siete de cada 10 unidades productivas del maíz cuentan con menos de cinco hectáreas y nueve de cada diez tiene menos de 20. Esto es, el perfil de pequeños y medianos productores es el predominante en el territorio nacional, y dado a que se ha invertido poco en sus capacidades, su potencial productivo por aprovechar es muy alto, en contraste con los productores comerciales, a quienes se han canalizado apoyos en presas, canales de riego, electrificación, apoyos a la comercialización, etcétera; éstos tienen todavía margen de mejorar su potencial productivo pero de manera más limitada. “Casi llegan a su umbral”, anotó.

 Víctor Suárez señaló que el presupuesto federal rural en los 35 años pasados fue ineficiente por diversas razones: el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural (PEC) contenía 150 programas, esto era altamente disperso, y los productores en su gran mayoría recibían cuando mucho el apoyo de dos programas, lo cual evidencia que había captura y concentración de recursos en pocas manos y en intermediarios. Asimismo, había un exceso de burocracia y tramitología, las reglas eran inaccesibles, “eran para posdoctorados”, y había un alto grado de corrupción.

Comparativo del Propuesto 2019 vs la propuesta 2020