En colonias y comunidades de Morelia, operan al menos 187 anexos que atienden a personas con problemas de adicciones, sin embargo, estos centros carecen no solo de personal especializado y procesos adecuados para garantizar la efectividad en los tratamientos, sino también de licencias operativa, coincidieron en señalar el especialista Bruno Montesinos Castellanos y el diputado local Alfredo Ramírez Bedolla.
La situación, se replica en la mayoría de los municipios, sostiene Montesinos Castellanos, quien destaca la importancia de la Estrategia Nacional contra las Adicciones que impulsa el gobierno federal.
El especialista, quien participó en el Foro Atención y Prevención de Adicciones Juntos por la Paz en el que además se presentó la propuesta de iniciativa de Ley Estatal de Prevención, Atención y Combate de Adicciones, a cargo el legislador Ramírez Bedolla, dijo que incluso se han presentado casos en los que personas que están implicados en actividades ilícitas van y se refugian en este tipo de centros, “y por ello, han ocurrido masacres en otros estados; porque llegan los rivales y matan a todos”.
Refirió la urgente necesidad de regular su operatividad y supervisarlos para evaluar sus procedimientos de atención.
Adicción en cifras
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes, realizada en 2014, se identificó que en el país el 3.3 por ciento de los alumnos de quinto y sexto grado de educación primaria (10 a 12 años, aproximadamente) habían consumido drogas ilegales alguna vez en la vida, en tanto que entre estudiantes de secundaria y bachillerato la prevalencia es notablemente más alta, de 17.2 por ciento.
Por lo que toca a Michoacán, el mismo Informe destaca que la población entre 15 y 19 años de edad es la más propicia a iniciar en el consumo de drogas ilícitas, lo que nos indica la urgencia de enfocar nuestros esfuerzos en la atención de ese sector tan vulnerable.
En este sentido, refirió el congresista Ramírez Bedolla la nueva ley pretende propiciar un amplio debate sobre el problema de las adicciones que tiene repercusiones económicas, de seguridad y bienestar.
Por su carácter multifactorial, nos exige también una atención multidisciplinaria, desde el enfoque de la salud, la educación, el deporte y la seguridad pública, detalla al tiempo que sostiene que las adicciones impactan en la incidencia delictiva; de acuerdo con datos de la Secretaría de Gobierno de Michoacán.
La cifra, expone, revela que el 85 por ciento de los homicidios dolosos en la entidad están vinculados con alguna adicción, y lo mismo sucede con delitos menores como robo.
Ramírez Bedolla dijo que su propuesta va encaminada a que Michoacán se incorpore a la estrategia nacional y que su aportación sea un fundamento jurídico, “porque actualmente en la entidad no existe legislación en la materia”.
Con el propósito de revertir ese vacío legal, en octubre pasado presentamos la iniciativa de Ley Estatal de Prevención, Atención y Combate de Adicciones
Prevención, combate y normas
La iniciativa de Ley Estatal de Prevención, Atención y Combate de Adicciones, establece que el Poder Ejecutivo del estado, a través de la Secretaría de Salud, establecerá Centros de Tratamiento, al menos en cada una de las diez regiones socioeconómicas de la entidad, en las que se llevará a cabo el tratamiento integral, atención y rehabilitación de adictos o farmacodependientes.
También se plantea la atención integral de personas con problemas de adicciones con base en sistemas modernos de tratamiento y rehabilitación, fundamentados en el respeto a la integridad del adicto, con apego en los derechos humanos, perspectiva de género y por los usos y costumbres de las comunidades indígenas.
A diferencia de los anexos que operan en todo el estado, de los cuales se desconoce su número debido a que no existe un censo confiable, los centros que contempla la ley estatal buscaría dotarlos de personal profesional, medicamentos y material e insumos necesarios para su funcionamiento, estableciendo una partida programática presupuestal para tales efectos.
Entre otros aspectos esta norma pretendería crear el Consejo Estatal de Atención a las Adicciones, que seguirá las políticas públicas que desde la federación se dictan para la atención integral de las adicciones, y propondría nuevos programas; además de coordinarse con los consejos municipales que también contempla la iniciativa.
Regulación de anexos
Los Centros privados de atención de adicciones, anexos o albergues de farmacodependientes, actualmente operan al margen de la ley lo que hace urgente su regulación.
La iniciativa de ley, plantea que ningún centro de atención para adicciones, podrá prestar servicios sin contar con la licencia municipal correspondiente y sin haber cumplido con los protocolos y “visto bueno” de la autoridad municipal de Protección Civil.
Se plantea además que deberán cumplir con requisitos sanitarios y de personal que exigen las Normas oficiales y la legislación en la materia, por lo que correspondería a la Coepris y las autoridades municipales supervisar de manera continua dichos establecimientos
Justicia terapéutica
Para el diputado local Alfredo Ramírez Bedolla, el Nuevos Sistema de Justicia Penal Acusatorio, “es una copia chafa” del estadounidense… Pero aclara que la culpa no es de los jueces.
Refiere que en la incidencia delictiva de personas con problemas de adiciones, no hay estadísticas que permitan conocer si esta tiene orígenes en cuestiones de adicciones y añade: “Creamos y establecemos con esta iniciativa en Michoacán el programa de justicia terapéutica, que es una alternativa al proceso ordinario por delitos menores y patrimoniales sin violencia, cuya finalidad es propiciar la rehabilitación e integración de las personas sentenciadas relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas, para lograr la reducción de los índices delictivos y reducir la reincidencia delictiva”.
Este programa de atención a personas con problemas de adicciones, dijo, según la propuesta podría ser aplicado por los centros de atención para adicciones (CAPA) a través de los fiscales, jueces de control y jueces de ejecución; la persona en conflicto con la ley por delitos patrimoniales sin violencia, por sí misma o a través de su defensor, podrá solicitar por escrito al Juez de Control o Juez de Ejecución someterse al programa.
