Después de la sesión del Congreso del Estado en la que se aprobó el Dictamen de la Cuenta Pública 2018. Los diputados morenistas Sergio Báez Torres, Antonio de Jesús Madriz Estrada, Fermín Bernabé Bahena, Alfredo Ramírez Bedolla, Francisco Cedillo de Jesús y las legisladoras Cristina Portillo Ayala, Zenaida Salvador Brígido, Tere López Hernández, Mayela Salas Sáenz, Sandra Luz Valencia y Laura Granados Beltrán, manifestaron su inconformidad al respecto.
Señalaron que diversas irregularidades son las que llevaron a demandar al Ejecutivo del Estado el subsanar deficiencias importantes en la presentación de la información contenida en este instrumento jurídico. “La Cuenta Pública es una herramienta de transparencia que sirve para dar equilibrio entre los poderes y en el caso de la presentada por el Ejecutivo para el 2018, carece de la información básica para evaluar el cumplimiento de objetivos”, apuntaron.
Puntualizaron, “al inicio de cada administración, la ley obliga al gobierno a presentar un Plan Estatal de Desarrollo y en consecuencia cada programa y cada recurso que se ejecuta año tras año, debe estar alineado y obedecer a la visión y alcances que se diseñaron en ese documento rector. La Cuenta Pública 2018, es deficiente para medir el impacto de los recursos ejercidos en la consecución de los objetivos trazados en el Plan Estatal de Desarrollo. Para decirlo fácil: es como si el gobierno estuviera dando palos de ciego en materia de gasto público”, señalaron los morenistas.
También dijeron que el gobierno de la entidad tiene serias limitaciones en materia de cobro de impuestos y que por ello no ha podido superar la debilidad que deriva de una alta dependencia de los recursos federales. “Cobrar un impuesto tiene un costo político, pero administrar esos recursos de forma eficiente y transparente, también conlleva un reconocimiento social. En el caso del actual gobierno estatal, está claro que no quiere pagar el costo de la recaudación y que lo más fácil es estirar la mano a la federación; pero tampoco quiere asumir un compromiso con el ejercicio de los presupuestos públicos bajo los principios de transparencia y eficiencia. Eso es grave”.
Finalmente, llamaron al Ejecutivo del Estado a afinar con mayor precisión la habilidad de los funcionarios que ejercen los presupuestos públicos y a poner mayor atención en el cumplimiento de sus obligaciones legales. “La etapa del aprendizaje ya pasó para este gobierno y no puede ser que en el tercer año hayan tenido tantas deficiencias, por inexperiencia o por incompetencia. Los michoacanos ya no nos merecemos un gobierno que esté experimentando o que arroje cifras graves como la de un subejercicio de casi 2 mil millones de pesos con los que bien se pudieron haber atendido graves y serias carencias de los michoacanos”, concluyeron.
