La presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género del Congreso del Estado, Lucila Martínez Manríquez, propone la armonización de legislación estatal para garantizar un auténtico combate a la violencia política de género.
Al presentar la iniciativa con proyecto de decreto la legisladora resalto la importancia de que en Michoacán se cristalicen normas y esfuerzos para tipificar la violencia política de género y sancionar a los partidos políticos, candidatos y aspirantes a cargos de elección que violenten a las mujeres que ejercen la política.
Refirió que el Senado de la República reformó las leyes generales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; de Instituciones y Procedimientos Electorales; del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; de Partidos Políticos; y, en Materia de Delitos Electorales, así como las leyes orgánicas de la Fiscalía General de la República y del Poder Judicial de la Federación.
Dicha minuta, explicó, fue avalada por la Cámara de Diputados y publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 13 de abril, con lo que cual se sentó un precedente histórico de cara a las elecciones de 2021, ya que las mujeres podrán acceder a la mitad de las 24 mil candidaturas a cargos de elección, sin ser víctimas de violencia.
En ese contexto, aseguró que dicho decreto demanda de los estados una armonización a su marco normativo para crear, entre otras cosas, un catálogo amplio de sanciones para funcionarios, candidatos, partidos políticos y medios de comunicación que cometan conductas violentas hacia las mujeres que participen en los procesos electorales o que ejerzan un cargo político.
Por ello, es que este viernes en la sesión Lucila Martínez presentó la propuesta al Pleno de la LXXIV Legislatura Local, con la que se busca reforma la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Michoacán y la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán; esto “representa una oportunidad para que el Congreso local pase a la historia como aquella que fortaleció la democracia inclusiva a favor de las mujeres”.
“Para que la violencia política que enfrentamos las mujeres deje de ser un obstáculo para el ejercicio de nuestros derechos políticos, es necesario que se reforme la Ley”, agregó.
