Tras la aprobación del decreto, las autoridades municipales están obligadas a cumplir con lo mandatado por la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado, que establece la entrega de fianza, aseguró Miguel Ángel Aguirre Avellaneda, titular de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM).
Refirió que la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas señala que las fianzas o cauciones que deberán entregar los servidores públicos “garantizarán la responsabilidad en el desempeño de su empleo, encargo o comisión”.
Las nuevas disposiciones que algunos funcionarios municipales consideran una ley retroactiva y hasta un candado para quienes aspiran a un cargo de elección popular o la reelección, establece que deberán cumplir con las fianzas, ediles, síndicos, directores de Obras y titulares de los Organismos Operadores de Agua Potable.
El funcionario de la ASM, negó que se trata de una acción que atente contra las legítimas aspiraciones de servidores públicos y descartó acciones de controversia en tribunales por parte de funcionarios.
Aunque reconoció lo controvertido que ha resultado el tema y las inquietudes que ha despertado entre alcaldes y síndicos y otros servidores públicos, dijo que “el cumplimiento de la norma no es optativo”.
Miguel Ángel Aguirre Avellaneda recordó que los servidores públicos pueden constituir la fianza de forma individual o colectiva sobre bienes privados, propios o ajenos, que nunca serán públicos; en tanto que su vigencia no será menor al proceso de fiscalización previsto en la Ley y sólo puede ser cancelado al momento en que la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) emita la liberación correspondiente sobre lo afianzado.
Recordó que es obligación de la ASM cumplir con lo establecido en la Ley, de lo contrario se sería sujeto a las responsabilidades que establece la misma norma. La finalidad es salvaguardar los recursos públicos, y dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Fiscalización aprobada en Michoacán el año pasado.
