El estado de fuerza necesario para encarar las investigaciones y persecución de homicidios dolosos y el fenómeno del feminicidio en Michoacán, es contar con otros 500 elementos, aseguró Adrián López Solís, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), al rendir su tercer Informe ante integrantes de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.
Ante diputadas y diputados, el fiscal reconoció que adicionalmente la FGE requiere además de otros 100 elementos para atender delitos de desaparición de personas y su localización.
A tres años de su creación, dijo la FGE ha cumplido con su proceso de transición y creación de nuevos esquemas de operación, con el propósito de garantizar el acceso a la justicia a las y los michoacanos”.
Frente a los integrantes de la Mesa Directiva, Junta de Coordinación Política (Jucopo) y comisiones de Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil, el funcionario reiteró que se ha mantenido una tendencia ascendente en la judicialización de carpetas de investigación, de tal forma que, en el 2021 se determinaron por esta vía 5 mil 781, con relación a las 4 mil 958 y 2 mil 744 obtenidas en el 2020 y 2019, respectivamente.
Detalló que bajo el principio de priorización de casos, la FGE instrumentó estrategias para abatir los delitos de Alto Impacto, de tal forma que, de 19 elementos dedicados a la investigación y persecución del homicidio con los que se contaban en el 2019, hoy la dependencia cuenta con 290.
Al plantear el tema dijo que la Unidad para la Investigación del Homicidio Doloso y Feminicidio requiere crecer y desgloso las necesidades: “150 agentes del Ministerio Público, 300 policías de investigación y 50 peritos”.
En su mensaje, López Solís expresó que la FGE, como institución, no es ajena al llamado de una política nacional para la Construcción de la Paz, por ello, reiteró la disposición de articular esfuerzos con las instancias de la materia, en el orden federal, estatal y municipal, por lo que reconoció el acompañamiento de instituciones como Secretaría de la Defensa Nacional, y Ejercito Mexicano; Secretaría de Marina y Armada de México, Fiscalía General de la República; Centro Nacional de Inteligencia, y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así́ como de la Guardia Nacional.
