La diputada María Gabriela Cázares Blanco presentó ante el Pleno del Congreso local una propuesta de acuerdo para que el Legislativo emita un exhorto al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a fin de que, mediante inspecciones y visitas domiciliarias a establecimientos del sistema producto aguacate, verifique que los trabajadores estén debidamente registrados e inscritos en el IMSS. Al no ser considerada de urgente y obvia resolución, la iniciativa se turnó a comisiones para su análisis y dictamen.
Manifestó la diputada que la suspensión de envíos de aguacate michoacano a los Estados Unidos de América el pasado mes de febrero, visibilizó el eslabón más vulnerable no sólo de esa cadena productiva, sino de todo el sector agrícola.
Destacó cifras de la balanza comercial aportadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Banco de México (Banxico) sobre la exportación de aguacate durante 2021, cuando el sector reportó ingresos por cerca de 3 mil 85 millones de dólares, que refleja un crecimiento de más de 14 por ciento anual; además, el aguacate fue el producto agrícola que mayor crecimiento reportó, con 43 por ciento, de acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
La diputada por el Distrito XX, Uruapan Sur, precisó que, a pesar de que la exportación de aguacate en Michoacán significa ventas por una gran cantidad de divisas, empero, “las condiciones de desigualdad siguen siendo patentes en este sector, plagado de irregularidades e ilegalidad, al tener entre sus filas a un sinnúmero de trabajadores que no cuentan con contratos formales ni condiciones dignas de trabajo, que les garanticen que su salud está protegida o que sus derechos laborales serán respetados”.
Estableció que la cadena de producción de aguacate demanda la contratación de infinidad de trabajadores, puntualizando que “sin ellas y ellos, no se lograría la calidad, ni la cantidad del fruto a exportar”. En esa tesitura recordó la “cascada de consecuencias” que el cultivo del aguacate trae consigo, en perjuicio del entorno social y ambiental, por la cantidad de agroquímicos fungicidas, herbicidas y de fertilización que son incalculables.
Además de la utilización abrumadora de agua superficial y una tremenda extracción de agua del subsuelo y la captura de escurrimientos serranos; hablamos del desmonte indiscriminado de suelo forestal, así como de la contaminación de los suelos y subsuelos por el abuso de sustancias químicas para los fines de la producción intensiva industrial.
A ello, agregó Gaby Cázares, se suman irregulares contratos a cargo de empresas nacionales y extranjeras, que depredan a nuestros compatriotas y a la naturaleza, solo para presumir ganancias multimillonarias a costa de nuestro futuro. “Esas contrataciones ocasionan asentamientos igualmente irregulares, que se van anillando en torno los centros de producción, o de las ciudades capitales más próximas, engrosando auténticos cinturones de miseria, por trabajadores que migran con sus familias, sin prestaciones y con las mínimas medidas de seguridad”.
Finalmente, mencionó que “en un acto de justicia social, las y los trabajadores del campo de Michoacán deberían tener al menos regularidad en su relación obrero-patronal y, a partir de ello, contar con la garantía de sus derechos humanos fundamentales”, como son el trabajo, la salud y un medio ambiente sano.
