El Congreso local admitió una iniciativa del diputado Baltazar Gaona García (PT) mediante la cual se busca reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Salud y del Código Penal del Estado de Michoacán en materia de regulación de los servicios para la reproducción asistida, misma que será analizada en comisiones de Salud, Asistencia Social y de Justicia, para su eventual aprobación.
Recordó Gaona que hace más de un siglo se realizaron los primeros descubrimientos sobre mecanismos que sustentan las bases del proceso de fecundación y de la fisiología reproductiva humana. Desde entonces, la investigación biomédica ha desarrollado alternativas no terapéuticas, para ofrecerlas a las parejas con problemas de infertilidad. Así, en 1978 nació en Inglaterra Louise Brown, la primera niña concebida mediante fecundación in vitro.
A la fecha han proliferado diversas técnicas que buscan sustituir las funciones reproductivas de la pareja y que comúnmente son llamadas Técnicas de Reproducción Humana Asistida (TRHA). que no curan las diversas situaciones patológicas de la infertilidad, dado que el paciente sigue con el mismo problema orgánico después de su utilización y tendrá que volver a someterse a estas técnicas si desea otro embarazo.
Nuestra Carta Magna en su artículo 4° establece que todas las personas tienen derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos, la Constitución Política estatal contempla el derecho a la protección de la salud para todas las personas. No obstante, precisa Balta Gaona, “esos preceptos se encuentran en un vacío legal en lo referente a las TRHA, ya que, si bien existe un marco normativo en materia de salud, tanto federal como estatal, que permite a las autoridades vigilar y verificar a los establecimientos que prestan los servicios de salud, las TRHA no son reguladas por el marco jurídico a nivel nacional”.
Enfatizó que recientemente se ha prestado mayor atención al tema desde distintos ámbitos, presentándose en el Congreso federal diversos proyectos de reforma para establecer una regulación adecuada, que permita contrarrestar los efectos negativos y abusos que se han generado en la materia como consecuencia de la mencionada carencia regulatoria.
Destacó el legislador petista la importancia de continuar fortaleciendo los mecanismos de prevención de la violencia reproductiva y otras violencias contra las mujeres, garantizando el pleno respeto a sus derechos humanos y destacando problemas que requieren la mayor atención por la gravead de sus consecuencias y de las afectaciones, como la esterilización forzada.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de 2016 sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), 8.7 millones de mujeres tuvieron al menos un parto entre 2011 y 2016 en México, de estas, el 33.4 por ciento declararon haber sufrido violencia obstétrica durante su embarazo por parte de quienes las atendieron y, el 13.1 por ciento dijo haber sufrido anticoncepción o esterilización forzada.
Por tal motivo, resulta relevante prestar atención a los abusos que se suscitan en esta materia y que, al no encontrarse hoy debidamente tipificado en la ley, sigue siendo fuente de impunidad en contra de los agresores que actúan de manera dolosa para provocarla, por lo cual “es imperativo brindar una esfera de protección que abarque el pleno reconocimiento y respeto a los derechos de las mujeres, sin dejar de lado los derechos de los embriones”, pues una regulación de esta naturaleza “es urgente”, para garantizar la prevalencia de los bienes jurídicos de la vida, del acceso a la salud, y la libertad de decisión de las parejas que buscan la reproducción asistida”.
