Una de las exigencias de los colectivos LGBTIQ+ es que el Congreso del estado legisle y prohíba las llamadas terapias de conversión, que son financiadas por grupos religiosos, por ello, urge la realización de un Parlamento Abierto para la comunidad LGBTIQ+, donde participen dependencias gubernamentales y especialistas que aborten el tema de salud mental en disidentes sexuales, señaló Raúl Martínez Rojas, presidente del Colectivo Michoacán es Diversidad.
“Vamos a acorralar al Congreso del Estado para que legisle en el tema de las terapias de conversión”, expresó Martínez Rojas al denunciar desde la sede de Movimiento Ciudadano, partido político que da voz a la comunidad lésbico-gay, que ha denunciado la falta de voluntad del Congreso local para sacar adelante temas que afectan a homosexuales, lesbianas, trasvestis, transexuales, bisexuales y otros dentro de la llamada diversidad.
El activista pro derechos de la comunidad LGBTIQ+ recordó que el Senado de la República aprobó en febrero pasado la Ley de Salud Mental, que fue avalada por todas las fuerzas políticas en la Cámara Alta, por lo que “La ley ya es una realidad”; los panistas dieron el sí, por considerar que no a todos se debe aplicar la misma terapia, enseguida lamentó que casualmente la mayoría de los anexos que practican terapias de conversión, son comandadas por iglesias cristianas que las patrocinan y financian, “ahí está el punto medular de esa problemática”, agregó.
Sostuvo que “las iglesias cristianas siguen sometiendo a las personas para quitarles lo homosexual o lo lesbiana, para ver si se convierten con 2 o 3 baños de agua helada, los dejan expuestos en el patio para que duerman, o los someten a lecciones correctivas”.
Anunció una reunión con Elías Ibarra, secretario de Salud de Michoacán, para pedirle se aplique la Ley de Salud, misma que señala que toda terapia se debe aplicar de manera gratuita; de hecho, indicó que “se debería estar haciendo una revisión de los anexos y los costos, y ver si hay convenios entre los anexos cristianos que aplican terapias de conversión, con la Secretaría de Salud, sí es así, vamos contra la secretaría, por estar conviniendo contra la Ley”.
Extendió además que, de existir ese tipo de convenios, lo que procede es quitar las cédulas profesionales a todos aquellos que se prestan a esas prácticas de conversión.
Explicó que la estrategia de los colectivos es construir una iniciativa de Ley lo más acorde a la realidad que se vive en el tema de terapias de conversión, para que, no solo desde el movimiento LGBTIQ+ se diga lo que está ocurriendo, hablamos con el fiscal para que nos diga qué se debe incluir en el Código Penal del estado, para que no se ponga como pretexto que no es funcional la reforma que está proponiendo el Congreso. “En unos días más vamos a tener un parlamento con los diputados de las comisiones que deben atender el tema, para decirles cual es la problemática y en base a ello elaborar una iniciativa de reforma lo más apegada a la realidad”.
“No vamos a salir a las calles a hacer campañas y pelearnos sobre si nos convertimos o nos desconvertimos, si nos quitamos lo joto o lo aumentamos”, el tema debe ser con fundamento. Invitarán al Parlamento al Colegio de Psicólogos de Michoacán, para que nos hablen del tema de salud mental en disidentes sexuales, “que nos digan qué sí y qué no es terapia”, dijo.
Cabe destacar que a la par de esta declaración, la diputada Brenda Fraga propuso ante el Congreso la creación de un Parlamento LGBTIQ+, la iniciativa de la petista fue turnada a comisiones.
