¿Por qué los defensores de derechos ambientales suelen estar expuestos a la amenaza, al acoso o al asesinato? Puede pensarse, cuando se mira de lejos, que semejante actividad no debería ser motivo de malquerencias. Después de todo sus reclamos son tan obvios, tan necesarios, que nadie debería ofenderse.
En realidad, el reclamo ambiental siempre se instala ahí donde existen delitos ambientales que afectan a los habitantes del entorno. Y no siempre se motivan por afectaciones pequeñas, casi siempre están determinados por daños mayores como la tala ilegal intensa, el cambio de uso de suelo de grandes áreas, la apropiación de aguas que secan a comunidades completas, el uso de agroquímicos que afectan la salud humana o el uso de tecnologías que rompen los ciclos naturales.
El crecimiento del reclamo ambiental y el incremento de pobladores que cuestionan tales daños es más notorio y extensivo cuando los equilibrios naturales han sido rotos, porque se sienten. Cuando la actividad expansiva del daño ambiental ha tocado a muchos la respuesta social aparece por doquier y llega a convertirse en problema de gobernabilidad y eso molesta a quienes creen que el orden, su orden, debe ser sinónimo de obediencia civil.
Pero ¿Por qué hay quienes tratan de dañar o dañan a los que alzan la voz? ¿Qué hay atrás de esas conductas delictivas? El factor determinante, sin duda es la protección, al costo que sea, de los capitales invertidos para obtener más ganancias a costas de la naturaleza. La tala ilegal, el cambio de uso de suelo, la apropiación de aguas tiene siempre un significado económico, se hacen como medio para echar a andar sistemas productivos altamente rentables. La determinación de dañar a quienes se resisten proviene del interés por proteger esas inversiones y esos futuros rentables.
Lo anterior es posible porque tenemos un estado de derecho que al paso de los años se ha venido debilitando con la misma velocidad y profundidad que se han deteriorado las instituciones ambientales. Paralelo a este proceso de degradación se ha dado un fortalecimiento de los poderes fácticos que han tomado bosques, aguas y tierras como generadores insustentables de ganancias. Capitalistas ecocidas, políticos y criminales juegan del mismo lado, el lado de la delincuencia ambiental.
El sábado 2 de noviembre concluyó en Cali, Colombia, la COP16 (Conferencia de las Partes, instancia de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático). Allá se generó una declaración interesante de la secretaria de la Semarnat, Alicia Bárcena, en el sentido de tomar medidas preventivas en México para proteger a la población y a defensores ambientales, que reconoce son asediados, acosados y asesinados por defender su territorio ecológico.
Reconoció la secretaria Bárcena que solo en el 2023 se registraron en nuestro país 282 agresiones, incluidos asesinatos e intimidaciones, contra defensores del medio ambiente, siendo este el más violento de los últimos años. Adelantó que se coordinará con el secretario de Seguridad García Harfuch, con el Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Marina, para desarrollar acciones preventivas y de protección.
Al menos es una buena noticia y mejor será cuando en los hechos se vean las acciones para proteger a defensores ambientales y evitar que se les asesine, criminalice y acose como hasta ahora ha ocurrido. La degradación ha llegado a tal grado de ignominia que los ecocidas juegan a tírele, secuestre y mate a un ambientalista con tal quitarlos de en medio en sus afanes de seguir en la impunidad.
No se puede seguir tolerando y aceptando que en tiempos en los que el Cambio Climático ha modificado por completo el horizonte de los equilibrios ecosistémicos con consecuencias funestas para todas la humanidad, se persiga, intimide y mate a los defensores ambientales que solo buscan el respeto a la naturaleza que es la fuente de vida de nuestra civilización de homo ¿sapiens?
La protección preventiva de los defensores ambientales no es ajena a la trama de complicidades que en los territorios donde hay ecocidio se establecen entre inversionistas, políticos y criminales. Prevenir quiere decir identificar la procedencia de los riesgos territorialmente localizados que encaran los defensores ambientales, con nombre y apellido. Y en ese origen están estos tres protagonistas. De ahí parten y han partido las acciones de acoso criminal contra ellos. La iniciativa de la secretaria Bárcena deberá considerar en el mapa de riesgos esta trama de protagonistas operativos que hasta ahora ha dominado, lo que puede llamarse la “regularidad operativa muy eficiente”, en las localidades en donde se comete ecocidio.
Bien haría esta iniciativa en recordarle a las entidades gubernamentales que su deber constitucional es hacer cumplir el artículo 4° relativo al derecho humano a un medio ambiente sano. Y eso implica el concurso de las entidades federales, estatales y municipales que hasta ahora han cerrado los ojos a los problemas ambientales que denuncian los pueblos y sus autoridades territoriales inmediatas.
La rectoría ambiental del Estado en materia de sostenibilidad debe retomarse con firmeza y con cero impunidad. En ello nos va el futuro económico como nación, y en ello van la seguridad y la vida de los defensores ambientales.
No puede haber en México justicia ambiental y sostenibilidad económica con ambientalistas acosados, secuestrados o asesinados. Como tampoco puede lograrse una gobernabilidad ambiental sin la imprescindible participación social y respeto a los defensores del derecho ambiental.
