Por considerar que se trata de un aspecto de la ley aplicado de manera retroactiva y que además lesiona los intereses de quienes irían por una reelección o por un cargo de elección popular, alcaldes, síndicos y directores de obras de ayuntamientos gobernados por Morena y Partido del Trabajo, demandaron a la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), eximirlos de pagar fianzas y aplicar la nueva norma a las próximas administraciones.
En voz de los Mirna Violeta Acosta Tena alcaldesa de Copándaro y de José Luis Téllez Marín, edil de Ciudad Hidalgo, ambos coordinadores de presidentes municipales de Morena y del PT, respectivamente, calificaron la medida como inadecuada toda vez que “las administraciones en turno, fueron electas con una norma y ahora se pretende aplicarles otra”.
A decir del alcalde hidalguense, estas nuevas reglas dejan a muchos funcionarios municipales en un grave dilema, toda vez que en muchos casos las fianzas que se les asignen serán elevadas y no podrán cubrirlas.
En ese mismo sentido se pronunciaron las sindicas de los ayuntamientos de Chilchota y Cuitzeo, quienes pidieron al titular de la ASM, dialogar con los legisladores para que se elabore un transitorio que nos exima de este mecanismo.
Otros dejaron en claro que si desde el inicio de la administración les ¡hubieran dicho que estas serían las reglas, “quizá no la habríamos pensado para jugarla”.
Incluso, las sindicas sostuvieron que por la misma responsabilidad que les confiere la ley, estas áreas no manejan recursos públicos directos. La responsable de la sindicatura de Cuitzeo, fue tajante al señalar que la medida limita la participación, “fuimos invitados a una fiesta en la que no se nos dijo que teníamos que poner”.
El auditor Miguel Angel Aguirre Avellaneda dejo en claro que no se trata de una acción con tinte electoral, ni tiene que ver con candidaturas, sino que se trata de un acto que va enfocado a garantizar un manejo transparente de los recursos y como medida de fortalecimiento fiscal.
Los inconformes, mencionaron que la ASM ha llegado a tardar hasta 10 años para liberar fianzas a otros funcionarios estatales y municipales que deben cumplir con ese requisito legal, desde hace varios años atrás.
Al respecto, el titular reconoció que esto es real y lamentó que en otros tiempos la dependencia “era algo que no resolvía y ahí se quedaba para bien o para mal… Hay desconfianza”.
Aguirre Avellaneda sostuvo que hasta el momento, no hay un transitorio que defina con claridad la petición de los alcaldes, síndicos y funcionarios municipales, pero ofreció dialogar con los legisladores locales.
Reconoció que las afianzadoras que serán aprobadas para este proceso, “aun no han sido autorizadas”, por lo que consideró que el tramite se extenderá.
Actualmente, “no hemos citado a nadie con respecto al tema, ni hemos sancionado”, apuntó el auditor superior, Miguel Ángel Aguirre Avellaneda.
