En un movimiento estratégico para contener la incursión de grupos delictivos y frenar los delitos de alto impacto, las secretarías de Seguridad Pública de Michoacán y Guanajuato formalizaron un reforzamiento operativo en sus zonas fronterizas. La medida, que surge tras recientes hechos violentos en el municipio guanajuatense de Valle de Santiago, busca establecer un “muro de contención” coordinado entre ambas entidades.
El despliegue, enmarcado en el Plan Paricutín, concentra a elementos de la Guardia Civil michoacana en el municipio de Puruándiro, quienes trabajan en estrecha colaboración con la Policía Estatal de Guanajuato y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa). Esta acción no solo implica mayor presencia de patrullajes, sino un intercambio de inteligencia en tiempo real para rastrear vehículos robados, personas armadas y objetivos prioritarios con antecedentes penales.
Vigilancia sin fronteras
El acuerdo se consolidó durante una reunión de alto nivel en el C5i de Silao, donde el titular de la SSP Michoacán, José Antonio Cruz Medina, y su homólogo de Guanajuato, Juan Mauro González Martínez, definieron las rutas críticas de vigilancia. La apuesta principal es la interoperabilidad de los centros de mando; la videovigilancia de Michoacán monitorea ahora puntos específicos de la franja fronteriza en sintonía con las alertas generadas en el estado vecino.
Este reforzamiento es la ejecución técnica del convenio de seguridad firmado por ambos gobiernos estatales en diciembre pasado. La intención es cerrar los espacios de impunidad en carreteras y caminos rurales que suelen ser utilizados como rutas de escape o zonas de confrontación por células delictivas que operan en la región interestatal.
En Puruándiro, la presencia institucional se ha vuelto permanente. Los operativos incluyen puestos de control estratégicos y tareas disuasivas que pretenden devolver la tranquilidad a las familias de las comunidades colindantes.
