Ha sido una buena noticia el pronunciamiento que el Congreso del Estado de Michoacán realizara en torno a los cañones antigranizo el jueves 9 de julio (Consulta aquí la nota). Como de urgente y obvia resolución acordó exhortar a los titulares del poder Ejecutivo Federal, Estatal, presidentes municipales de los 112 municipio y al Consejo Mayor de Cherán, para que en el ámbito de sus atribuciones y competencias implementen acciones, programas y políticas públicas para diagnosticar y atender la problemática ambiental y social relacionada con el uso de cañones antigranizo. A la vez, se les exhortó a que informen por escrito al Congreso de manera pormenorizada sobre la acciones y estrategias que han implementando sobre la problemática ambiental y social relacionada con dichos artefactos.
Y finalmente exhorta a la Semaccdet para que se coordine con Proam, Semarnat y Profepa con la finalidad de realizar de manera inmediata una campaña con los ciudadanos poseedores de cañones antigranizo a efecto de que se prohíba su uso, en tanto se cuente con una legislación en la materia y se realice un estudio sobre las consecuencias ambientales sobre su uso.
Cuando se ha conocido esta noticia en la franja aguacatera, y con seguridad por la previa reacción social en la zona de Peribán, varios de los cañones han estado inactivos, probablemente esperando espacios de diálogo. Pero no han sido todos. En la región de Madero, en la localidad de Llanitos, en donde existe un cañón con actividad desbordada, con períodos de explosiones de hasta una hora y veinte minutos, ejecutando hasta 800 estallidos, han decidido retar al Estado celebrando con dos días de cañoneo su rechazo al exhorto del legislativo y provocando a la sociedad.
La actitud de desafío a la autoridad no es nueva en un amplio sector de productores de aguacate. Esa es su genética. Que en Michoacán existan más de 115 mil hectáreas de plantíos ilegales, hechos a costa incendiar, talar y hacer cambio de uso de suelo, es la marca de la casa. La ilegalidad es su juego favorito. La deificación del aguacate, de las elevadas ganancias y la debilidad de las instituciones gubernamentales les lleva a jugar ese juego con resultados hasta ahora satisfactorios para sus bolsillos.
La crisis ambiental que vive Michoacán principalmente proviene de la codicia aguacatera que sueña con ver todo el territorio convertido en huertas y toda el agua acaparada en sus gigantescas hoyas o extraída por bombas de sus pozos. Su delirio es la aniquilación de toda biodiversidad (insectos y polinizadores) que maltrate su fruto. Anhelan alcanzar la gloria con el control de los microclimas para desde un dispositivo digital decidir cómo, cuándo, cuanto y en dónde debe llover; se vanaglorian con los apoyos gubernamentales, a través de los cuales la sociedad invierte en ellos cuantiosos recursos públicos, sin compromiso social y ambiental alguno en correspondencia.
Frente a la crisis nos urge el desarrollo sostenible, que como lo proclama la ONU, responda a las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de responder a las suyas, que no ponga en peligro los sistemas naturales que nos permiten vivir: la atmósfera, el agua, los suelos y los seres vivos.
Los adoradores del nuevo “becerro de oro”, del dios aguacate, los que han pisoteado la ley, a los que les importó un comino la legislación ambiental de su país, sin embargo, tiemblan ante las normativas impuestas en el TMEC en materia ambiental. Pretenden que el Estado mexicano proteja sus intereses y ajuste los mecanismos jurídicos y burocráticos para que su aguacate manchado de sangre derramada por el narco, cubierto de ceniza por los incendios forestales, robusto de agua que pertenecía a los pueblos, de formas bellas a costa de la muerte de especies, sin mancha ocasionada por granizo eficazmente dispersado por tecnología invasiva, sea ahora sí, legalizado y se convenga con los estadounidenses y canadienses para que no dejen de comprarlo por su origen ecocida.
Este sector de aguacateros ilegales, altaneros y abusivos, sin embargo, jamás han reparado el daño ambiental que han ocasionado comprometiendo el presente y el futuro de todos. Sus ganancias son líquidas a costa de un medio ambiente que es patrimonio universal. Son tan soberbios, insensibles y provocadores que ni por asomo tienen la voluntad de apagar sus cañones en tanto se genera una legislación acorde.
Bien haríamos los ciudadanos en promover, en el marco de la entrada del TMEC, la resistencia y el rechazo al aguacate ecocida de Michoacán, y de todo México. Que la sociedad estadounidense y canadiense exija a sus autoridades para que no se compre un sólo aguacate producido en plantaciones con huella de calcinación de bosques, cambio de uso de suelo, despojo y acaparamiento de agua, uso de agroquímicos letales para insectos y polinizadores, protegidos por cañones anti-lluvia, es decir, con huella de ecocidio y de narco; que los consumidores al norte de la frontera exijan una certificación ambiental rigurosa del fruto, que no sean cómplices desinformados de la tragedia ambiental y de seguridad que está destruyendo a Michoacán y a México.
La locura apocalíptica del aguacate ilegal debe parar.
