Reducir el abandono de tratamientos oncológicos del 30 al 2 por ciento representa más que un indicador administrativo. Si los datos reportados por el Gobierno de Michoacán reflejan la realidad de los pacientes, muestran cómo una política pública puede acercar el derecho constitucional a la salud a la vida cotidiana de las personas.
Aunque el artículo 4º de la Constitución reconoce este derecho desde 1983, durante décadas miles de pacientes enfrentaron obstáculos económicos y sociales que dificultaban el acceso continuo a tratamientos especializados. En enfermedades como el cáncer, estas barreras suelen traducirse en terapias interrumpidas, diagnósticos tardíos y menores posibilidades de supervivencia.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que el acceso oportuno al diagnóstico y al tratamiento es uno de los factores más importantes para mejorar la supervivencia de las personas con cáncer. También advierte que las dificultades económicas son una de las principales causas de abandono terapéutico, especialmente entre poblaciones vulnerables.
En este contexto, la disminución del abandono de tratamientos en Michoacán sugiere que parte importante del problema estaba asociada a factores económicos y logísticos. Los programas de apoyo para mujeres con cáncer de mama y cervicouterino invasor, así como para familias cuidadoras de niñas y niños con cáncer, otorgan un apoyo mensual de cuatro mil pesos que ayuda a cubrir gastos de transporte, alimentación y cuidados relacionados con la enfermedad.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha destacado que la protección financiera de las familias es un componente esencial del derecho a la salud, ya que los gastos derivados de enfermedades catastróficas pueden profundizar la pobreza y la desigualdad.
A ello se suma la inversión estatal de 165 millones de pesos en infraestructura médica, incluyendo el Acelerador Lineal y el PET Scan. De acuerdo con datos oficiales, en diez meses de operación más de 900 pacientes han recibido radioterapia especializada y se han realizado miles de procedimientos que anteriormente implicaban mayores tiempos de espera o traslados fuera de la entidad.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas establece que el derecho a la salud debe garantizar disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad en los servicios. Bajo esos criterios, la combinación de apoyos económicos y equipamiento especializado constituye un esfuerzo por reducir barreras de acceso a la atención.
Sin embargo, el desafío continúa. Garantizar el derecho a la salud implica mantener diagnósticos oportunos, ampliar la cobertura y evitar que cualquier persona abandone un tratamiento por falta de recursos. Al final, los derechos humanos no se miden por lo que establecen las leyes, sino por la capacidad de las instituciones para convertirlos en realidades concretas para quienes más los necesitan.
