En conferencia de prensa conjunta, organizaciones dedicadas a la búsqueda de desaparecidos en Michoacán y otras entidades, manifestaron su apoyo a Ana María García Vega para que ocupe el cargo de comisionada de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGEM), especializada en la búsqueda de personas desaparecidas, cuya convocatoria hizo pública recientemente el Congreso del Estado.
Las mamás agrupadas en los colectivos: Uno en Voluntad, A. C., Observatorio Ciudadano para la Paz, Erradicación de la Violencia y Feminicidios, y Red Buscando Cuerpos, quienes han sufrido durante años la desaparición física de hijos e hijas, lamentaron la falta de interés de las autoridades estatales y la federación para buscar personas desaparecidas, manifestaron su negativa a la posibilidad de que sea un “comisionado carnal”, el que ocupe el cargo en la FGEM, pues si esta dependencia está a cargo de un fiscal carnal, seguiría la misma línea de maquillar cifras y aparentar que todo está bien en Michoacán, cuando la entidad es “una gran fosa y un estado fallido”, señaló Margarita López, de Red Buscando Cuerpos.
Señaló que si el gobernador Silvano Aureoles tuviera voluntad de investigar el paradero de las y los michoacanos extraviados, y abrir las fosas comunes “quitaría presión a una olla que está a punto de estallar”, pues los familiares de desaparecidos están cansadas de ser desplazados de sus lugares de origen, como en su caso, que por amenazas de muerte tuvo que salir de Lázaro Cárdenas, Michoacán para radicar en la Ciudad de México, desde donde emprende tareas de búsqueda en apoyo a familiares de personas extraviadas de Guerrero, Michoacán y otros estados, tarea que los colectivos realizan con recursos de sus integrantes, ante la apatía oficial.
Que se abran las fosas comunes
Aun así, la exigencia de los activistas al gobierno michoacano es que se abran las fosas comunes y se realicen pruebas de ADN para confrontarlos a fin de identificar los cuerpos; además, refirió que hay cientos de cuerpos que no han sido entregados a sus familiares, también piden que el gobierno del estado adquiera los reactivos necesarios para la identificación del ADN y consecuente identidad de los difuntos, muchos de los cuales han ido a la fosa común pese que al ser encontrados tenían la credencial del INE entre sus ropas. “No es posible que vallan a fosas comunes, nos partimos el alma para localizar los cuerpos, para que el gobierno los mande a la fosa común sin molestarse en investigar quiénes son”, denostó.
Además, Margarita López hizo un llamado a los diputados de la LXXIV Legislatura local, para que vean las necesidades de los familiares que integran los colectivos de búsqueda de personas extraviadas y ayuden a designar a un comisionado que responda a esas necesidades, que no se dejen imponer un comisionado “a modo” para la fiscalía y el gobernador.
En ese tenor, Tzitziqui Peña, del Observatorio Ciudadano para la Paz, la Erradicación de la Violencia y Feminicidios, secundó el respaldo de ese organismo a García Vega para encabezar la búsqueda de personas desde la FGEM, puntualizó que “cualquiera que no sea propuesto por nosotros sería un comisionado carnal”, figura que rechazan argumentando que llegaría a ese espacio con miras al proceso electoral del 2021 y sujeto a los designios de la Fiscalía y el propio Ejecutivo estatal.
Urgen incluir el tema en el presupuesto
También comentó la necesidad de que se apoye con recursos la búsqueda de desaparecidos, pues sin presupuesto público no hay política que sea exitosa, como ejemplo citó la renuncia del comisionado nacional, quien dejó el cargo por falta de recursos.
López informó que lamentablemente no hay cifras oficiales ni una base de datos nacional que permita avanzar en la búsqueda de personas, se propuso a Roberto Cabrera y posteriormente a Carla Quintana para la Comisión Nacional de Búsqueda, tristemente solo con los colectivos de las ONG registradas, que lucran con el dolor humano, “las autoridades se toman la foto con estos para simular que se están ensuciando los pies”.
Así, mencionaron la necesidad de aplicar la Ley General de Víctimas en las tareas de búsqueda de desaparecidos, porque “hasta ahora solo nosotras sabemos cómo hemos aprendido a buscar cuerpos, con una varilla, un pico y una pala”.
De acuerdo a datos proporcionados por la FGEM, un total de mil 250 casos de desaparecidos corresponden al fuero común y 54 son del orden federal; por temor e ignorancia, solamente 30 por ciento de los casos de extravío son denunciados, la cifra crece día a día con ejecutados y desaparecidos, informó Carmen Orejel, del colectivo Uno en Voluntad, A.C.
Ana María García agradeció el apoyo y se pronunció por reactivar las jornadas para realizar tomas de muestras de ADN a fin de integrar una plataforma nacional, asumió el compromiso de seguir trabajando por las víctimas, el acceso a la justicia y la reparación del daño, para que los hechos no se repitan.
