Los diputados Marco Polo Aguirre Chávez, Javier Estrada Cárdenas y Baltazar Gaona, así como las diputadas Miriam Tinoco Soto y Cristina Portillo Ayala, presidente e integrantes respectivamente de la Comisión Inspectora, atendieron a las expositoras Ana Delia Quintero Cervantes y Silvia Trinidad Tapia García quienes durante sus intervenciones hablaron de su experiencia en la materia, así como de sus planes y programas de trabajo.
Durante el ejercicio, fueron cuestionadas por los diputados integrantes de la comisión dictaminadora sobre las acciones que realizarían en caso de ser electas, para que el órgano de fiscalización y control cumpla cabalmente sus funciones de revisión, fiscalización y evaluación de las entidades que administran recursos públicos.
En su exposición, Ana Delia Quintero Cervantes presentó su programa de trabajo al que denominó “Estudio y Promoción Institucional en la Certeza Objetiva en la práctica de la Fiscalización Estatal”, sustentado en cuatro ejes entre los que destacó, la transparencia y rendición de cuentas, así como la erradicación en las incorrectas aplicaciones del marco jurídico por parte de las Entidades que manejan recursos públicos.
Asimismo, en la práctica profesional y ética desde la perspectiva de una cultura organizacional de responsabilidad y transparencia, que permita tener confianza en los resultados del actuar, con la garantía de instrumentar los parámetros y componentes que faciliten ubicar oportunamente la posible corrupción en el fiscalizador.
Propuso también, establecer la metodología que permita tener mayor certeza respecto de las muestras alcances y tipos de auditorías que se determinen para la ejecución de la fiscalización a la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal.
Por su parte, Silvia Trinidad Tapia García habló de las atribuciones y funciones, así como de la normatividad aplicable al cargo de auditor especial de fiscalización estatal, destacando que, desde su experiencia profesional, es necesario sentar las bases para instaurar las auditorías en línea, para facilitar el trabajo tanto de los auditores como de los servidores públicos.
Asimismo, propuso llevar a cabo las normativas pertinentes para contar con un catálogo de servidores públicos que contenga sus registros domiciliarios para facilitar la notificación y la instauración de los procedimientos de responsabilidad que procedan.
