Esta mañana, el pleno del Congreso del Estado de Michoacán dio un paso legislativo crucial al dar lectura al dictamen que busca prohibir constitucionalmente que el Gobierno del Estado herede deudas a las próximas generaciones. Bajo la premisa de que “el futuro de Michoacán no se empeña”, la iniciativa enviada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla recibió el aval en comisiones, perfilando una reforma al artículo 44 de la Constitución local que obligará a cada administración a liquidar sus compromisos financieros antes de concluir su mandato.
El dictamen expone una realidad financiera alarmante: entre 1993 y 2024, la deuda pública de Michoacán creció un desproporcionado 682.18 por ciento, mientras que el Producto Interno Bruto (PIB) estatal apenas aumentó un 98.7 por ciento. Esta disparidad evidencia que el endeudamiento histórico no se tradujo en desarrollo económico, sino en un “gasto rígido e ineludible” que hoy desplaza recursos vitales para salud, educación y seguridad.
Fin a la “corrupción silenciosa” del endeudamiento
Tras la lectura del documento en el Legislativo, el gobernador Ramírez Bedolla subrayó que el endeudamiento irresponsable fue, en administraciones pasadas, una forma de “corrupción silenciosa” y la excusa perfecta para no invertir en el pueblo. Detalló que tan solo en el ejercicio fiscal 2025, el estado tuvo que devengar más de 6,300 millones de pesos para pagar deudas heredadas, recursos que se destinaron a bancos en lugar de a nuevas obras o programas sociales.
La reforma propone elevar a rango constitucional los principios de responsabilidad hacendaria, sostenibilidad financiera y transparencia. Al prohibir créditos que excedan el sexenio en curso, se busca garantizar que la soberanía financiera de las futuras administraciones no se vea comprometida por decisiones de gasto del presente.
Autonomía municipal queda intacta
Ante las dudas surgidas en el recinto legislativo, el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, aclaró que esta restricción de deuda a largo plazo está dirigida exclusivamente al Poder Ejecutivo. Precisó que los 113 ayuntamientos mantendrán su autonomía financiera y sus facultades para decidir sobre su propia hacienda pública, rechazando cualquier intento de “asfixia” presupuestaria hacia los municipios.
Zepeda Villaseñor puntualizó que, aunque los cabildos son libres de sus esquemas de financiamiento, la administración estatal pone el ejemplo de que es posible ejecutar obras de infraestructura —con una inversión superior a los 40 mil millones de pesos en el actual sexenio— sin recurrir a préstamos bancarios.
El camino legislativo
Una vez aprobada esta reforma por el Congreso, el decreto será remitido a los Ayuntamientos y Concejos Municipales para su validación, conforme al proceso de reforma constitucional. De entrar en vigor, el Poder Legislativo tendrá un plazo de 180 días para armonizar el marco jurídico estatal, cerrando así la puerta a un modelo de gobierno basado en el crédito que ha mantenido a Michoacán con una de las tasas de interés ponderadas más altas del país (10.7%).
