Lo que debería ser un trámite ordinario de recaudación se convirtió este viernes en un calvario para decenas de ciudadanos que acudieron a la caja del SATMICH, ubicada al interior las oficinas de la Secretaría de la Contraloría, en el número 127 de la calle Benito Juárez en Morelia. Bajo el argumento de “falta de suministros”, el personal de caja condicionó la atención a que los propios contribuyentes compraran sus hojas de papel para poder imprimir los recibos oficiales.
La situación alcanzó su punto crítico pasado el mediodía, en la víspera del puente vacacional por el 5 de febrero. La encargada de los cobros notificó a la fila que solo atendería a tres personas más, alegando que cada trámite —desde refrendos hasta certificados de no inhabilitación— requiere la impresión de ocho hojas, material del que la oficina supuestamente carecía.
Ante la indignación de los usuarios, quienes se vieron obligados a buscar papelerías cercanas para adquirir los insumos del propio Gobierno, el caso llegó a oídos de Antonio Ferreira, líder del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo (STASPE). Tras una comunicación directa con la trabajadora, el servicio se reanudó de manera forzosa.
De forma casi inmediata, arribaron a la oficina dos paquetes de 500 hojas cada uno. Sin embargo, en lugar de agilizar el rezago, la cajera instruyó a los policías auxiliares a impedir el acceso a cualquier ciudadano que llegara después de las 13:00 horas. Esta medida contraviene el horario oficial de atención (08:00 a 14:00 horas) exhibido en el propio inmueble, lo que generó nuevos reclamos de quienes buscaban cumplir con sus obligaciones antes del cierre de mes.
Este incidente no es un hecho aislado, sino que se enmarca en la rispidez que persiste dentro de algunos sectores de la burocracia estatal frente a la implementación del Gobierno Digital. La transición hacia trámites en línea y pagos referenciados ha eliminado el manejo de efectivo en las cajas, una medida diseñada para combatir la corrupción y agilizar los procesos, pero que ha encontrado resistencia en trabajadores acostumbrados al modelo tradicional.
Fuentes cercanas a la administración estatal señalan que la “escasez” de insumos básicos es utilizada en ocasiones como una forma de boicot pasivo ante la digitalización, la cual reduce la discrecionalidad del servidor público en el proceso de cobro. Mientras el Gobierno del Estado apuesta por un sistema de cero papel y trámites vía portal, oficinas como la de Benito Juárez 127 siguen operando bajo un esquema que castiga al ciudadano, obligándolo a subsidiar el material de oficina para recibir una atención a la que tiene derecho.
