Uno de los obstáculos más difíciles de superar en el sector ambiental está relacionado con la corrupción que practican algunos malos servidores públicos.
En diversas administraciones estatales, como en la actual, se han hecho esfuerzos para combatir estas prácticas. Sin embargo, ni los recursos ni los medios de supervisión han sido suficientes para desenraizar el millonario negocio de la corrupción a costa del medio ambiente.
Mientras que por un lado podemos dar testimonio de acciones firmes y en apego a las leyes para contener el cambio de uso de suelo, la tala ilegal, los incendios provocados, la contaminación de suelos y mantos freáticos, por otro, seguimos observando prácticas deleznables promovidas por servidores públicos operativos, cuya finalidad es obtener ganancias personales pisoteando la ley y traicionando el espíritu de las instituciones que representan.
Al final lo que más queda expuesto ante la sociedad son los actos de corrupción y fincada la percepción de que el estado de derecho es inoperante. La verificación visual de bosques arrasados en el paisaje michoacano obliga a un “yo acuso” a las administraciones que no pudieron o no quisieron aplicar la ley.
La corrupción que no es otra cosa, según Transparencia Internacional, que “el abuso del poder público para beneficio privado” ha generado en el sector ambiental todo un sistema que ha dinamizado de manera torcida la cadena productiva relacionada con el bosque.
El sector forestal michoacano, hasta en tanto no se extingan los bosques, es el origen de una riqueza cuantiosa. La industria de la madera, la resina y otros productos no maderables generan anualmente más de mil 121 millones de pesos. 600 millones provenientes de la resina y más de 521 de la madera.
De acuerdo con datos de la Conafor casi la mitad de la madera que se consume en el país tiene una procedencia ilegal. Es presumible que en Michoacán, que es el cuarto estado productor de madera, esté siguiendo la misma ruta, es decir, que la mitad también sea de procedencia ilegal.
El 50 % es demasiado, es decir, las instituciones están fallando en la mitad de lo que deben regular. El dato es curioso, ¿pura casualidad que también la mitad de las huertas aguacateras provengan de la ilegalidad, que estén establecidas en predios con cambio de uso de suelo?
La industria de la corrupción ambiental forestal ―que hasta ahora no se ha medido con indicadores precisos―, genera la hipótesis de que podría tener un valor semejante al reportado por la producción legal, o sea, de otros mil 121 millones de pesos, incluyendo a la resina que también es exprimida por servidores públicos corruptos y por el crimen organizado.
Todo indica que el sistema de vigilancia y supervisión que tienen las instituciones ambientales no alcanza para verificar a todos sus agentes operativos y hacerlos que cumplan con las normas éticas que los deben regir. Algunos de estos agentes ven la actividad forestal como botín permanente.
Su quehacer corruptor se ha normalizado de tal manera que madereros y resineros asumen que la manera correcta de operar es entregar dinero a estos personajes, aunque ellos, como productores, en su mayoría estén operando dentro de la ley.
La vorágine por el botín llega a incluir a todo tipo de corporaciones que buscan las rutas de la producción forestal para extorsionar a cualquiera que se les cruce en el camino: un campesino con una motosierra, un resinero que carga una barrica, un propietario que está cortando una plaga con autorización institucional, un camión cargado con madera debidamente documentado.
También por mera casualidad, estos operativos furtivos, jamás tienen ojos para ver decenas de hectáreas taladas y con cambio de uso de suelo al lado de la brecha por la que transitan. Es probable que sepan, como lo aseguran los pobladores, que ahí los arreglos ya están amarrados.
La corrupción ambiental es un acelerante de la tala ilegal y el cambio de uso de suelo. Si el valor de la ilegalidad es del mismo tamaño que el de la legalidad debe asumirse que los corruptores “trabajan” con alta eficiencia con un sistema que les garantiza ingresos fantásticos. Es un sistema que tiene una larga historia de impunidad. La extorsión puede fincarse al raspador que fue localizado en el monte haciendo su trabajo, llenando una barrica, a quien le piden la documentación al instante y como no la trae con él le piden 5 mil pesos, que es mucho más que el precio de la resina recolectada; o la aplican al maderero que lleva la carga en orden, pero el oficial le pide 80 mil pesos para no llevarse el camión y al chofer porque le han dicho que si le revisan es seguro que le van a encontrar algo.
Si el extorsionado cede es compensado con la gracia del corruptor quien le ofrece impunidad para talar sin marca unos dos o tres árboles más, para que compense “la multa”.
Para frenar la deforestación en el estado es preciso que el gobierno de Michoacán haga una limpia a fondo de estos granujas que enlodan la imagen de las instituciones. El sistema de transparencia y anticorrupción tiene la tarea de proceder. No hay opción, todos estos corruptos deben ser expulsados y sancionados conforme a la ley. El sector forestal debe ser blindado ante la corrupción pues es medida clave para la conservación de bosques y para asegurar los servicios ambientales de los cuales todos nos beneficiamos.
En la instrumentación de un sistema eficiente deben jugar un papel corresponsable las agrupaciones de madereros, resineros, ejidos, comunidades indígenas, organizaciones campesinas, ambientalistas y ciudadanos quienes pueden aportar acciones de vigilancia y datos valiosos para depurar a las instituciones.
Hay buenos servidores públicos en las instituciones ambientales, bien intencionados y con voluntad, pero otros les están echando a perder los pocos logros que realizan. ¡Basta una mancha para que no luzca el mantel!
