La última gran sequía en México, de acuerdo con el monitoreo histórico de la Conagua, ocurrió en el 2012. En ese entonces los indicadores de sequía extrema y severa llegaron a niveles preocupantes. En lo que va de la temporada esos indicadores son aún más preocupantes.
La Conagua indica que el 82 % del territorio nacional está siendo afectado por la carencia de agua y la sequía, pero en Michoacán las afectaciones están presentes en el 100 % de su territorio. Según los datos oficiales la sequía actual se presenta como extrema en 9 municipios, en 23 como severa, en 74 moderada y 7 en como anormal.
De 2012 a 2024 los cultivos aguacateros crecieron en un 30 % y las plantaciones de frutillos se incrementaron de manera exponencial. Sin embargo, durante estos 12 años no creció en la misma proporción ni la infraestructura hídrica ni se expandieron las capacidades institucionales para regular las aguas. Eso sí crecieron a ritmo delirante las hoyas captadoras de agua, la perforación de pozos ilegales, la intervención de arroyuelos y el huachicoleo en casi todos los cuerpos de agua del estado para atender la producción agropecuaria, preferentemente de aguacates y frutillos.
De acuerdo con investigaciones realizadas por el Dr. Alberto Gómez Tagle en la zona más cálida de la franja aguacatera el consumo de agua es más elevado, de tal manera que la exigencia del líquido para producir un kilo de aguacate es de 1, 500 a 1, 700 litros de agua. La presión de la sequía en curso está generando una mayor demanda de agua que en tiempos normales lo que abre la puerta a conflictos locales por la apropiación y distribución de ella.
La falta de previsión y por consecuencia la ausencia de planeación para atender el crecimiento de la demanda por incremento demográfico, crecimiento de monocultivos, la atención a la ganadería y a la producción de cereales y hortícola, puede en cualquier momento derivar en una crisis de gobernabilidad y en crisis alimentaria.
Conforme avance la sequía, o tome carta de regularidad para los próximos años, el agua incrementará las tensiones sociales. Los usuarios todos, si no se establecen políticas y protocolos justos, equitativos y sustentables para acceder a ella, estaremos dispuestos a pagar un precio elevado para obtenerla, incluso el precio de la violencia.
De esta realidad ha tomado nota la delincuencia organizada que ha visto en la crisis por el agua una oportunidad para hacerse de un jugoso negocio. Su intervención sistemática en el huachicoleo y el saqueo del agua de los pueblos para garantizarle a quien les paga el acceso ilimitado a ella supone ganancias abultadas para el crimen.
En territorios en donde no ha ingresado el crimen el problema del agua puede ser el pretexto a través del cual penetren en la comunidades, incluso para construir bases sociales. Este no es un riesgo en el horizonte es ya una realidad en la zona aguacatera. El gobierno federal y estatal deberían estar aplicando políticas específicas.
Podríamos tomar como muestra de la crisis por el agua lo que está ocurriendo en el municipio de Madero en donde los aguacateros y los constructores de hoyas ilegales han edificado alrededor de 850 justo en las zonas acuíferas, secando por completo los causes que por toda la vida habían alimentado de agua a las poblaciones bajas.
La proliferación de bombas de gran capacidad para huachicolear el agua de arroyos ha provocado una reacción comprensible de los pueblos afectados que han subido, arroyo arriba, desmontando bombas y entregándolas a la autoridad local exigiendo a quienes hacen huachicol hídrico a sentarse para dialogar y construir acuerdos equitativos y justos.
El hecho de que la población no esté haciendo denuncias a la Conagua por irregularidades en la apropiación de aguas, a pesar de los conflictos reales en todo el estado, debe encender los focos de alarma, quiere decir que los conflicto pueden tomar los causes no institucionales.
Sin embargo, esta crisis está presente en todos los municipios adquiriendo particularidades propias de las múltiples zonas. Para que esto no se desborde, como es previsible, los gobiernos municipales, conforme a las facultades que la constitución y las leyes aplicables les conceden en materia de gobernabilidad deben anticiparse con protocolos viables para alcanzar acuerdos.
El abandono en que ha estado la infraestructura hídrica del país y del estado y el desmantelamiento de los presupuestos que debieron haberse invertido en políticas eficientes para prevenir la crisis por el agua, debe ser cuestionado y resarcido de manera urgente. México y Michoacán no pueden seguir por esta ruta, que no es otra que la ruta del conflicto social y la ingobernabilidad.
Mucho preocupan los resultados de la investigación desarrollada por González Rodríguez de la Universidad de Texas, quien, ateniéndose a la normalidad establecida ꟷsi antes no se toman medidas de contenciónꟷ anticipa que para el año 2050 Michoacán tendrá 100 mil hectáreas más de aguacate. Claro todas a costa de bosques, y todas demandando más agua.
¿Qué esperan las instituciones para ocupar el espacio que han abandonado?
