El Senado declaró realizó la declaratoria de constitucionalidad de la reforma a los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fuero presidencial.
Lo anterior, una vez que se aprobó por la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México.
Los congresos que hasta este momento han aprobado la reforma constitucional son: Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Coahuila, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Yucatán, Zacatecas y la Ciudad de México.
La reforma establece que, durante el tiempo de su encargo, el Presidente de la República podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano común.
Asimismo, señala que para proceder penalmente contra el Presidente de la República, sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110. En este supuesto, el Senado resolverá con base en la legislación penal aplicable.
La declaratoria se remitió a la Cámara de Diputados.
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