Demandan Plan de Justicia para los Pueblos del Agua en Michoacán

Exigen el pago de agua del Sistema Cutzamala que se trasvasa al Valle de México; piden apoyo de gobiernos, congresos y ediles, “no pedimos dádivas, exigimos lo que nos corresponde”, sostienen

Ante la problemática que enfrentan por la tala inmoderada, incendios forestales, cambios de uso del suelo y sobrexplotación del recurso hídrico, el Consejo de Pueblos del Agua, A.C., demanda a los gobiernos, federal y estatal, ejecutar un Plan de Justicia a 15 años – 2024-2039 – que incluya el pago de un centavo por cada litro de agua del Sistema Cutzamala que, en un volumen de 480 hectómetros cúbicos, se trasvasa anualmente a la capital del país y Estado de México (Edomex), mismo que reportaría ingresos por 4 mil 800 millones de pesos anuales para mantener los bosques del oriente de Michoacán.

En rueda de prensa organizada por la diputada María de la Luz Núñez Ramos y encabezada por Sergio Vergara Cruz y Angélica Nateras Tello, presidente y vicepresidenta del Consejo de Pueblos del Agua, se precisó que, desde su inauguración en 1982, las presas Laguna Larga, Mata de Pinos, Pucuato y Sabaneta, así como el Río Puerco, han aportado agua por 288 mil millones de pesos al Valle de México, “pero ni las gracias hemos recibido en pago”, porque las autoridades de Michoacán, Estado de México y CDMX son indiferentes, “nos menosprecian, nos marginan, no nos escuchan ni nos toman en cuenta”, reprocharon.

En ese sentido, recordaron que, en julio del 2022, en respuesta a un exhorto del Congreso local a iniciativa de la diputada Núñez Ramos, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla signó un convenio con sus entonces pares de CDMX y Edomex, Claudia Sheinbaum y Alfredo del Mazo, en el cual se acordó una inversión inicial de 300 millones de pesos para fortalecer la infraestructura hidráulica del Cutzamala.

“No ha pasado nada con ese acuerdo, fue un convenio interesante en sus frases, pero nulo en los hechos”, atajó Alfredo Martínez Nateras, asesor de los Pueblos del Agua.

Definieron “de riesgo”, la situación de las comunidades del oriente michoacano, por el nivel de las presas que están al 35 por ciento de su capacidad y un déficit del vital líquido mayor al 30 por ciento a causa de la sequía y el saqueo; “es cuestión de vida o muerte”, por ello urge tomar acciones para resarcir el daño, de no hacerlo, para marzo del 2024 podría no haber agua que trasvasar, alertaron que el problema del agua no se resolverá con obras de infraestructura; “esa es la visión miope de las autoridades hasta ahora”, pues se requieren recursos para reforestar y sanear el bosque, dijeron.

Demandaron el Plan de Justicia como parte de las políticas públicas que el gobierno federal ha implementado con los yaquis, en Sonora y los mixtecos en San Quintín y Oaxaca. “No aceptamos ser excluidos ni pedimos dádivas, exigimos lo que nos corresponde”, aclararon.

La propuesta incluye plantas para tratar aguas residuales en los municipios de Hidalgo, Irimbo, Senguio, Áporo, Angangueo, Ocampo, Tuxpan, Zitácuaro, y sus respectivas tenencias, pues “es paradójico que Conagua explote el agua del Cutzamala sin ninguna retribución a sus productores, y todavía sancione a los ayuntamientos con multas desproporcionadas por no tratar sus aguas”.

Anunciaron la movilización de los Pueblos del Agua en Toluca el 12 de octubre, donde exigirán que el Congreso y gobierno mexiquenses cumplan su palabra y abran el rubro presupuestal correspondiente; con ese mismo fin acudirán al Congreso federal, el local de la CDMX y la 75 Legislatura de Michoacan, “se trata de una gestión muy compleja y desgastante, pero ante los oídos sordos de los gobernantes no nos queda más remedio”, sostuvo Nateras Tello.

También piden se cancele la concesión a Santorini y otras empresas que lucran con el agua y son “un ejemplo del saqueo y la sobreexplotación de los mantos acuíferos para fines mercantilistas”. Santorini vende cada garrafón de agua de 19 litros en 45 pesos, 2.37 pesos por litro, “negocio redondo”, acusaron.

El Consejo de Pueblos del Agua espera el acompañamiento, solidaridad y respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, de Martí Batres, jefe de gobierno en la CDMX; Delfina Gómez, en Edomex y Alfredo Ramírez Bedolla, en Michoacán. Pidieron a estos, así como a alcaldes, jefes de tenencia y encargados del orden que “hagan suya nuestra causa”.