El Gabinete de Seguridad de Michoacán reveló este martes que el asesinato de los intérpretes de Lengua de Señas Mexicana (LSM), Anayeli H. y Víctor Manuel M., así como de su hija menor, no estuvo relacionado con su labor profesional ni con el crimen organizado, sino con una disputa financiera de carácter familiar. Durante una rueda de prensa en Casa Michoacán, el fiscal general, Carlos Torres Piña, informó sobre la captura de Alfredo “N”, de 47 años, quien es primo hermano de una de las víctimas.
Acompañado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el fiscal estatal detalló que la detención se logró el pasado sábado 24 de enero en el estado de Morelos, gracias a un operativo coordinado con la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Subsecretaría de Inteligencia de la Guardia Civil.
La cronología presentada por la Fiscalía General del Estado (FGE) indica que los hechos ocurrieron el jueves 15 de enero. Tras una inspección en el domicilio de las víctimas en Morelia, el personal pericial recolectó indicios de violencia, incluyendo residuos hemáticos y mobiliario dañado.
El rastreo de inteligencia, apoyado en cámaras del C5i y de establecimientos comerciales, permitió identificar el recorrido del vehículo familiar rumbo a la Ciudad de México y su paso por una gasolinera, donde el hoy detenido dejó rastros que facilitaron su identificación. Los cuerpos de la familia fueron localizados el sábado 17 de enero en la comunidad de Ucareo, municipio de Zinapécuaro.
El fiscal Torres Piña fue enfático al señalar que, tras las primeras investigaciones y entrevistas, el móvil del crimen apunta a una disputa por préstamos de recursos económicos entre familiares.
“Este personaje dejó rastro y huella por todos lados. No se advierte vínculo con delincuencia organizada ni con la actividad de las víctimas como defensoras de derechos humanos“, puntualizó el fiscal, aunque aclaró que la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos mantiene el seguimiento al caso.
“Se ha actuado con rigor técnico y respeto a los protocolos de búsqueda”, afirmó Torres Piña, quien explicó que, por petición expresa de la familia, se reservó la difusión de las cédulas de búsqueda en los primeros días. Asimismo, confirmó que se realizaron pruebas de ADN para brindar certeza plena y científica en la identificación de los cuerpos.
Alfredo “N” ya ha sido puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional correspondiente. El proceso legal se encuentra en la etapa de ampliación del término constitucional, por lo que la audiencia de vinculación a proceso se celebrará el próximo 30 de enero.
El gobernador Ramírez Bedolla reconoció la labor de las corporaciones federales y estatales por la celeridad en la captura, mientras que la Fiscalía aseguró que la investigación continúa abierta para localizar a otros probables involucrados.
“No descansaremos hasta que todos los responsables enfrenten la justicia por este hecho que genera una profunda indignación social”
