Ciudad de México.- Diputados de Morena y del Partido del Trabajo presentaron hoy ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad contra la contratación de nueva deuda por parte del Gobierno del Estado, ya que el financiamiento se autorizó violando la Constitución, además de amenazar la estabilidad financiera de Michoacán.
Con la Constitución de nuestro lado buscamos evitar que sea hipotecado el futuro de Michoacán durante los próximos 20 años, porque antes que el lucimiento del gobernante en turno debemos priorizar la estabilidad financiera del estado, y procurar el bienestar de las y los michoacanos, recalcó el diputado Alfredo Ramírez Bedolla.
Tras conseguir que la acción de inconstitucionalidad fuera suscrita por al menos 14 diputados, el recurso legal fue ingresado en la SCJN con el propósito de impugnar los Artículos 1, y del 7 al 28 de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán para el Ejercicio Fiscal 2020, aprobada por el Congreso del Estado en sesión del 30 de diciembre del 2019.
Ramírez Bedolla puntualizó que la contratación de deuda pública por 4 mil 90 millones de pesos, y el refinanciamiento de créditos hasta por 17 mil 246 millones 845 mil 100 pesos, se aprobó sin las dos terceras partes de los votos a favor, como lo dispone el Artículo 117 de la Constitución mexicana.
Añadió que notificarán a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, las condiciones en que fue autorizada la contratación de nueva deuda, así como el recurso legal que se ha promovido ante la SCJN.
El legislador de Morena recalcó que al pretender ejercer 4 mil millones de pesos en solo un año, está latente el riesgo de que los recursos provenientes de créditos bancarios sean derrochados al no haber ninguna planeación, y de que sean malversados sin que se cumpla el propósito de la inversión productiva.
Alfredo Ramírez insistió en que gracias al acuerdo educativo, Gobierno del Estado dejará de gastar alrededor de 6 mil 500 millones de pesos en pago de nómina, por lo que la administración estatal tendrá estabilidad financiera que le permitirá planear mayores inversiones públicas a mediano y largo plazo.
En cambio, abundó, si se contrata la deuda pública por 4 mil millones de pesos y se concreta la reestructura de 17 mil millones, durante los próximos 20 años quedará comprometido hasta el 98 por ciento de los recursos federales que corresponden a Michoacán del Fondo General de Participaciones para el pago de esos créditos bancarios.
