“El proyecto de Reforma Procesal Penal: Identidad protegida de víctimas, denunciantes y testigos, tiene una relevancia estatal y nacional, porque busca fortalecer nuestra capacidad para procurar e impartir justicia, particularmente frente a uno de los mayores retos del proceso penal: garantizar que las víctimas, denunciantes y testigos puedan participar en los procedimientos sin poner en riesgo su integridad”, así lo expresó el magistrado presidente Hugo Gama Coria.
Durante la presentación de la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo Estatal y desarrollado en conjunto con el Poder Judicial de Michoacán, Fiscalía General, Secretaría de Seguridad Pública y la Consejería Jurídica, Gama Coria señaló que la relevancia de este proyecto de enmienda radica en que se atiende un problema que incide directamente en la capacidad del Estado para investigar y sancionar los delitos.
Manifestó que esta reforma representa una herramienta para fortalecer el trabajo que diariamente realizan juezas y jueces, al proporcionarles mayores instrumentos para que los procesos penales puedan avanzar hasta resoluciones de fondo. “El propósito es que en Michoacán y en todo el país, la justicia avance con mayor fortaleza y que la impunidad no encuentre una puerta de salida”, afirmó.
Ante la presencia del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el magistrado presidente aseguró que “no se trata de debilitar los derechos de las partes, sino de generar las condiciones para que quienes aportan elementos fundamentales a una investigación y a un proceso penal puedan hacerlo con seguridad”, con el claro objetivo de evitar que las amenazas o el miedo provoquen que una víctima o un testigo se retire del proceso y que, por esa razón, un asunto no pueda prosperar.
Por su parte, la magistrada presidenta sustituta, Laura Elena Alanís García, refirió que el proyecto plantea una protección reforzada de la identidad de la víctima o testigo, que inicie desde la denuncia o primera intervención hasta el desahogo de la prueba en la etapa de juicio oral, y que para ello se contemplan mecanismos tecnológicos para la distorsión de imagen, voz u otros elementos de identificación, así como protocolos de actuación para policías y fiscalías.
Alanís García también señaló que se fortalece el control judicial mediante un esquema de dos instancias, es decir, la determinación del juez de control podrá ser revisada por una magistratura a través del recurso de apelación.
Con ello, se busca garantizar la protección de identidad y la comparecencia a juicio sin menoscabar de manera desproporcionada los derechos de la persona acusada ni los principios del sistema penal acusatorio, con pleno respeto a la Constitución, los derechos humanos y las garantías de las partes.
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla expuso que el proyecto será enviado al Congreso del Estado, con la posibilidad de que el Legislativo local haga uso de sus atribuciones para remitir esta propuesta al Congreso de la Unión y que a la par, hará llegar la iniciativa a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a fin de que pueda ser retomada como una propuesta del Gobierno Federal.
El evento contó con la presencia del secretario de Seguridad Pública del Estado José Antonio Cruz Medina, quien también hizo uso de la palabra; del diputado presidente de la Mesa Directiva del Congreso Baltazar Gaona García; el secretario de Gobierno Raúl Zepeda Villaseñor; de la vicefiscal de Delitos de Alto Impacto María Cristina Guzmán Gutiérrez; el Vicealmirante Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor Camerino Roa Vidal, y del Teniente de Infantería Israel Carlos González del Décimo segundo Batallón de Infantería en representación de la 21ª Zona Militar.
Asimismo, de magistradas, magistrados, juezas, jueces, servidoras y servidores públicos del Poder Judicial, integrantes de la defensoría pública y de diversas instituciones relacionadas con la procuración e impartición de justicia.
