En 2020 se perdieron entre 1,200 y 1,500 hectáreas de bosque. Su destino, la mayor parte: el cultivo de aguacate. Este es el último dato oficial que tenemos en Michoacán sobre el vertiginoso avance de esta fiebre.
En ese mismo año la producción exportable de este fruto alcanzó 1 millón 145,362 toneladas, según Apeam. Se estima que la tendencia de la producción aguacatera nacional seguirá creciendo. En 2024 alcanzará 2.61 mdt y en el 2030 3.16 mdt, según datos de Gilberto Gallegos Cedillo en el diario El Economista. El crecimiento de la producción hasta ahora se reconoce se ha hecho a costa del cambio de uso de suelo.
La economía michoacana literalmente se aguacatizó en las últimas dos décadas. Su economía agrícola es aguacatera. En el 2015 el PIB de Michoacán se estructuraba con el 4.2% proveniente de este fruto y ha crecido a la fecha. En el 2017 se llegó a afirmar que los ingresos por este producto en el plano nacional ya eran superiores a los provenientes de los hidrocarburos.
Todo iría bien si su expansión no viniera acompañada de daños irreversibles al medio ambiente, de efectos en la salud pública, de desequilibrios económicos, tensiones sociales y de agravamiento de la seguridad.
La bonanza aguacatera o nos cayó como bendición o como maldición, según la perspectiva económica y ética en que se situé el ciudadano. La entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio en 1994 abrió la ruta para el crecimiento imparable de las plantaciones. En un inicio fueron por las viejas parcelas maiceras u otras de bajo valor comercial situadas en el clima y tierra aptas, pero cuando estas se agotaron fueron por los bosques de pino y encino, y ahí siguen frenéticos.
Si hay un cultivo que pueda ser señalado como neoliberal —si quisiera usarse este referente ideológico tan de moda— ese es el aguacatero. Proviene del impulso que le dio el Tratado de Libre Comercio ahora T-MEC (nuevo Acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá), se ha desarrollado en nuestro país sin trabas regulatorias, sin mayor intervención del Estado y de la mano de las pulsiones crudas del mercado. Es decir, en la dinámica del capital aguacatero, lo humano, el medio ambiente, la salud, la economía social, no tienen prioridad. Si el mercado pide más aguacates, habrá que producirlos sin importar las consecuencias.
En más de dos décadas de prosperidad aguacatera los gobiernos mexicanos optaron por cerrar los ojos frente a la devastación de bosques y aguas para no interrumpir el ritmo de generación de riqueza en este sector. Tampoco les importó la distorsión de una economía agrícola basada en un monocultivo. El caso de Michoacán es fatal, el costo de los daños ya supera el valor de la riqueza producida.
Detener ahora el tsunami aguacatero, que tiene a su favor un poder financiero abrumador, con cabilderos en todas las esferas del poder económico y político, del que forman parte políticos connotados de todos los partidos, que ha reclutado académicos que construyen datos para justificar la barbarie, que en sí, conforma el poder fáctico más importante en el estado y uno de los más poderosos en la país, resultará en verdad difícil.
Sin embargo, existe una realidad que comienza a prevalecer. Como ocurre con todos los sistemas no planificados, desregulados, caóticos, insustentables, las consecuencias terminan amenazando al propio sistema que los provocó. Perecen por sus propias contradicciones.
La pérdida de aguas, la modificación climática, la disminución de biodiversidad, el uso de agroquímicos nocivos, la pérdida abrumadora de bosques, la tensión social, vaya, los demonios que desataron son ahora el principal problema para el futuro de la economía aguacatera. Necesitan agua y destruyen las zonas de infiltración; matan la biodiversidad y sin embargo dependen de ella; necesitan paz social y sin embargo se confrontan con la población; necesitan un determinado clima, pero alteran los patrones de calor-frio.
Que Apeam haya lanzado meses atrás una iniciativa de agenda verde y una campaña persistente para edulcorar su imagen asociada con el ecocidio, se corresponde con el interés comercial de asegurar las puertas abiertas del T-MEC que en su capítulo 24 fija reglas ambientales precisas como el rechazo a la tala ilegal, «fortalecer la coherencia entre los objetivos económicos y ambientales», «la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica», «el papel fundamental de los bosques en la provisión de numerosos servicios ecosistémicos, incluido el almacenamiento de carbono, el mantenimiento de la cantidad y la calidad del agua, la estabilización de los suelos, y la provisión de un hábitat para la fauna y flora silvestres».
Si hubiera congruencia —que fueran más hechos que propaganda— estarían en coordinación con el gobierno cancelando de manera inmediata todos los registros de huertas instaladas en bosques. Les bastaría revisar el histórico de Google Earth para identificarlas y para reconvertir esas huertas a su origen forestal. Con ello harían mucho para hacer valer y respetar el derecho constitucional a un medio ambiente sano de todos y prolongarían por otro tiempo su negocio.
Frenar el tsunami ahora y no dejar que por sí mismo se diluya porque ya no hay bosques que consumir es una tarea que el gobierno de Michoacán y todos los actores sociales tenemos que emprender. Aún quedan ahí algo así como un millón de hectáreas con sus ecosistemas que son vitales para la existencia de todos.
El gobierno de Michoacán, si tiene voluntad y compromiso ambiental, podría ahora mismo establecer un decreto para operar de manera urgente, en apego a las leyes vigentes, la directriz de frenar el cambio de uso de suelo y la tala ilegal.
Debería, a la par, construir una base de datos actualizada en torno a la cantidad real de hectáreas plantadas legal e ilegalmente; identificar la tasa anual de perdida de bosques; identificar el impacto por la pérdida de acuíferos asociados a las plantaciones aguacateras; identificar el daño a ecosistemas, polinizadores y a la salud humana por el uso de agroquímicos; mapear, pues, todas las zonas de riesgo ambiental que ha ocasionado este cultivo; y, generar un plan de recuperación ecosistémica.
Sin esta información cardinal y acciones vigorosas no habrá política ambiental eficaz para contener y mitigar el tsunami aguacatero que seguirá creciendo.
