En mi humilde opinión: la autonomía no es un cheque en blanco

Cuando alguien dice “en mi humilde opinión” es porque nadie le ha pedido su opinión. Y bueno, nadie me la ha pedido pero aquí va la mía.

Me he acercado en estos días al conflicto que atraviesa la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, mi alma mater, y hay algo que me sorprende, me inquieta y, debo confesarlo, hasta me escandaliza: la manera en que se han ido construyendo dos narrativas que parecen presentarnos un conflicto de principios, cuando también hay, y no podemos ignorarlo, un evidente conflicto de intereses políticos.

Por un lado está la narrativa de la Rectoría; por otro, la del Congreso del Estado. O, dicho de otro modo, como canta Liliana Felipe, la narrativa de Yarabí y la del gobernador.

¿Qué veo yo en estas dos posturas?

En la primera veo a una rectora que convocó, el pasado 2 de noviembre, a una sesión del Consejo Universitario en circunstancias bastante cuestionables, con la intención de impulsar el nombramiento de una persona interina que ocupara la Rectoría durante un año más, mientras se instrumentaba el procedimiento para elegir a la persona titular de la Rectoría conforme a la nueva Ley Orgánica, aprobada en marzo de 2025. Una sesión que, de acuerdo con los señalamientos que se han hecho, comenzó antes de la hora convocada y en la que se habría impedido la participación de consejeros que no estaban de acuerdo con sus decisiones.

Pero también veo algo más: una rectora que, ante la posibilidad de dejar el cargo, parece interesada en colocar a alguien de su confianza al frente de la Universidad, alguien que, ¿por qué no decirlo? le cubra la espalda durante el próximo año. Y aquí hay que entender el contexto político: dentro de un año habrá cambiado el Gobierno del Estado y ya no estará el gobernador con quien mantiene un enfrentamiento por todos conocido desde Churumuco hasta Chiquimitio. Dejar a alguien a modo podría garantizarle un respaldo que hoy parece necesitar.

Del otro lado, encuentro un argumento que me parece importante y que no deberíamos descalificar de entrada: la necesidad de contar con mecanismos institucionales que protejan a la Universidad de los abusos de poder, incluso de aquellos que puedan provenir de sus propias autoridades, porque la autonomía universitaria no puede convertirse en un cheque en blanco para quien ocupa la Rectoría.

Hay un asunto fundamental que parece haberse perdido entre tantas declaraciones y posicionamientos: la nueva Ley Orgánica de la Universidad ya fue aprobada y sustituyó a la legislación que rigió durante más de treinta años. Sin embargo, la Rectoría de Yarabí Ávila no cumplió en el plazo establecido con la elaboración y aprobación de la reglamentación necesaria para poner en marcha el nuevo procedimiento de elección de la persona titular de la Rectoría. El reglamento que debía estar listo desde febrero de 2026 llegó hasta la noche del 2 de noviembre, cuando el conflicto por la sucesión ya estaba encima.

Y aquí está uno de los problemas centrales. Si se cambia el marco legal, pero no se establecen oportunamente las reglas para llevar a cabo el proceso de elección, ¿con qué procedimiento se supone que debe realizarse? Ante ese vacío, el Congreso ha sostenido que no existen las condiciones para aplicar el nuevo mecanismo y que debe retomarse el procedimiento anterior.

A ese episodio se suma ahora otro movimiento: el sábado 14 de noviembre se publicó una convocatoria para elegir a la persona titular de la Rectoría, aprobada por el Consejo Universitario y firmada por Yarabí Ávila. De esta manera, la Rectoría puso en marcha su propia ruta de sucesión, mientras el Congreso sostiene una distinta. El conflicto ya no gira solamente en torno a la interpretación de la nueva Ley Orgánica, sino también a cuál de esos procedimientos debe prevalecer. Si queremos hablar de autonomía, también tenemos que hablar de legalidad, de procedimientos y de respeto a la pluralidad.

Y es precisamente aquí donde me parece que algunos discursos empiezan a hacer agua.

Porque defender la autonomía universitaria no significa defender automáticamente a quien ocupa la Rectoría. La autonomía pertenece a la institución, a su comunidad, a su historia y a su capacidad de gobernarse mediante reglas legítimas. No es propiedad de una persona ni puede utilizarse para justificar decisiones arbitrarias.

Pero tampoco significa que el Congreso pueda intervenir en la vida universitaria a conveniencia o convertir sus atribuciones en un instrumento de presión política. La Universidad necesita estar protegida de los intereses del poder político, pero también de los intereses personales de quienes la gobiernan.

No soy política, no trabajo en la Universidad y quizá justamente por eso me atrevo a escribir estas líneas. Soy egresada de sus aulas, estudié Historia en ella cuando aún ni edificio teníamos y los de biología nos prestaban el R en las tardes, comí churritos en Salmonela, como le llamábamos, y tuve a los mejores y a los peores maestros y de todos, aprendí.

La Universidad también está hecha de esos recuerdos, de las personas que nos encontramos en sus pasillos, de las conversaciones, de las amistades y de todo lo que aprendimos dentro y fuera de las aulas. Y me importa lo que sucede.

No tengo que quedar bien con la Rectoría ni con el Gobierno del Estado, ni necesito defender a ningún grupo para reconocer que la Universidad Michoacana merece algo mucho mejor que esta disputa.

Me parece que ya es hora de dejar de confundir la defensa de la autonomía con la defensa de las personas. Y también de entender que la autonomía no se defiende solamente pronunciando la palabra, sino respetando las reglas, las instituciones y, sobre todo, a la comunidad universitaria.

Esa es, al menos, mi humilde opinión.