En un acto calificado como un parteaguas administrativo, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla firmó este lunes el decreto de la reforma constitucional “No más deuda en Michoacán”, el cual fue publicado de manera inmediata en el Periódico Oficial del Estado por la Secretaría de Gobierno.
Con la entrada en vigor del Decreto número 411, Michoacán se convierte en la segunda entidad del país en prohibir legalmente que tanto el Ejecutivo estatal como los ayuntamientos contraten financiamientos que excedan su periodo constitucional de gestión, con la finalidad de proteger los intereses del pueblo.
El mandatario estatal subrayó que este mecanismo de responsabilidad hacendaria pone fin a una inercia de casi tres décadas en la que, entre 1993 y 2021, la deuda pública creció un alarmante 700 por ciento.
Ramírez Bedolla enfatizó que, bajo los principios de sostenibilidad y transparencia, se obliga a los gobiernos a ser más eficientes, señalando que en el pasado la corrupción era el verdadero obstáculo y no la falta de recursos. }
Como prueba de este cambio de modelo, el gobernador reportó que su administración ha destinado más de 40 mil millones de pesos a infraestructura sin recurrir a préstamos bancarios, mientras que simultáneamente se han pagado 20 mil millones para saldar compromisos heredados de gestiones anteriores.
Por su parte, el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, puntualizó que la medida entra en vigor este martes, estableciendo que el patrimonio público no podrá ser hipotecado por administraciones temporales.
El decreto también estipula un plazo de 180 días para que el Congreso del Estado armonice el marco jurídico estatal con esta adición constitucional. Durante la firma, se destacó un cambio en los indicadores de salud financiera: actualmente, la inversión pública per cápita supera los 8 mil 200 pesos por habitante, cifra que duplica la deuda per cápita de 4 mil 300 pesos que aún carga cada michoacano.
El respaldo unánime de legisladores de diversos partidos políticos y de los ayuntamientos fue reconocido por Bedolla como un consenso histórico por el bienestar social.
Al evento asistieron representantes de los Poderes Judicial y Legislativo, así como colegios de economistas, quienes atestiguaron el inicio de esta nueva etapa donde la certeza y estabilidad financiera buscan garantizar que Michoacán deje de ser un estado que pide prestado para sostenerse y se convierta en uno que invierte para crecer.
