Si algo no debe ser tolerado jamás en una democracia es la violencia. Sea esta verbal o física siempre será un corrosivo degradante de los vínculos sociales. La violencia, insistimos, en cualquiera de sus expresiones siembra confrontación y es constitutiva de una espiral ascendente que daña a todos.
Y si esta violencia se expresa en los procesos electorales su ponzoña es aún más letal. Alimenta la desconfianza pública y puede derivar en la deslegitimación de todo el proceso. Sobre todo, induce a creer que las instituciones democráticas son débiles y que las reglas son ineficaces para contener a quienes se proponen descarrilar la acción pacífica de los ciudadanos para la alternancia política.
La violencia en una sociedad con incipiente democracia, como la nuestra, alienta al autoritarismo y a sus personeros a ofrecer políticas rígidas, restriccionistas en el ámbito de los derechos y militarista en el campo de los medios para contenerla. El miedo así ocasionado entre la población suele demandar dureza, independientemente de donde proceda y provoca el distanciamiento cívico de la actividad política.
Los tres eventos de violencia contra candidatos de tres distintos partidos ocurridos en Michoacán en los últimos días de la semana pasada, más la constelación de actos semejantes que incluso les han costado la vida a varios aspirantes a puestos de representación popular en otras entidades del país, deben alarmarnos a todos. La constancia con la que se están cometiendo configura una ruta de sistematicidad que se aleja mucho de la percepción de eventos aislados. Es decir, la violencia, los violentos están actuando en una ruta evidente que debe movernos a la reflexión y a la acción a las instituciones responsables de la salvaguarda de la seguridad.
Las propias autoridades federales y estatales aceptan la existencia de denuncias interpuestas por actores políticos en las cuales refieren ser objeto de amenazas, ya sea para abandonar la contienda o de plano para alinearse en una perspectiva sugerida. Son amenazas que provienen de los grupos del crimen organizado que operan en los territorios de su influencia y que están metidos de lleno en el proceso electoral.
El costo que nuestra democracia continúa pagando por una estrategia errática, concesionista o francamente omisa del gobierno federal, que lo mismo ofrece abrazos a los criminales, que libera capos detenidos o que hace apología de las atenciones a la madre de uno de los criminales, se hace presente con la certidumbre de impunidad ante su público actuar criminal y ante sus amagos a los contendientes electorales.
Desde hace décadas es una verdad que se documenta en investigaciones periodísticas la actividad intensa de los cárteles del crimen en la elección de representantes populares. Así lo fue en sexenios pasados y lo está siendo en el presente. La manera trágica ꟷy dolorosa para la poblaciónꟷ en que terminaron algunas administraciones estatales o municipales siempre ha sido el corolario de estas historias infames. Incluso la sospecha de la “operación política” del crimen en pro de candidatos presidenciales no ha dejado de desvanecerse. El trato que los mandatarios en turno prodigan a uno u otro cartel del crimen parece confirmarlo.
El gobierno federal y el estatal tienen el imperioso deber de frenar la espiral de violencia que trata de apoderarse del proceso electoral en el estado. Y es imprescindible que desde palacio nacional se abandone por completo el discurso de confrontación y odio que a diario se alienta y que es secundado también por grupúsculos que interpretan tales mensajes como el programa con el que deben actuar.
Cada acto de violencia física o verbal son una cuchillada a nuestra democracia. Es el degüello de la razón, de las ideas y de las propuestas. Tales actos no deben tener cabida en nuestra cultura política, deben ser repudiados de manera firme por los ciudadanos y no deben encontrar ningún resquicio de impunidad por las instituciones del Estado mexicano.
El Estado mexicano, además, debe enviar mensajes duros desde la coerción legal a los grupos criminales para mantenerlos alejados de la acción político – electoral. Debe garantizar con firmeza y eficacia la seguridad de todos los contendientes de otra manera estaremos en la certera ruta de la violencia sistemática contra la democracia.
