Mientras anda en precampaña y organizando marchas “En defensa de la Democracia”, pesan sobre Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán (2015-2021) señalamientos de irregularidades por 12 mil 46 millones de pesos que tendrá que desvanecer ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ante las demandas que este órgano auditor recibió de legisladores michoacanos contra el hijo adoptivo de Zitácuaro.
Los diputados señalaron que de acuerdo a las atribuciones que por ley tiene la ASF, “es competente para conocer sobre los hechos que se narran en la demanda”, ya que más de 95 por ciento del gasto público ejercido durante la administración de Silvano Aureoles provino de las arcas federales.
En un comunicado, la Auditoría Superior dio a conocer que la demanda observa, entre otros puntos, lo establecido en un dictamen de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso local michoacano, mismo que fue sometido a discusión y votado por el Pleno Legislativo en sesión del pasado jueves 28 de abril, en el sentido de que “el auditor superior del estado (ASM) no cumplió con el Programa Anual de Auditoría del ejercicio 2020, lo que compromete el principio de imparcialidad con el que se debe regir”, finalizan.
Precisa la ASM que, del monto total señalado, 5 mil 43 millones no comprobó su destino y otros 3 mil 175 millones de pesos corresponden a un aumento en pagos de servicios personales sin autorización. También reportó el órgano auditor también reportó anomalías en otros 3 mil 828 millones, sobre el pago de nómina y contratos.
En ese rubro se pagaron 212 millones 780 mil 800 pesos a categorías de personal no autorizadas; otros 526 millones 911 mil pesos mayores a lo autorizado. O bien se pagaron 60.7 millones a trabajadores que ya habían sido dados de baja o con licencia sin goce de sueldo.
La administración de Aureoles Conejo, quien actualmente aspira a la candidatura presidencial de la alianza opositora “Va por México”, previa postulación de su partido: PRD, es la que más observaciones recibió por parte del organismo auditor de la Cámara de Diputados, el cual concluyó, en su tercera entrega de la cuenta pública 2021.
En dos auditorías ejercidas sobre el gasto federalizado en Michoacán, durante el periodo silvanista, la ASF explicó que, de las participaciones federales, que ascendieron a 30 mil 408 millones de pesos, un grupo de 17 organismos del estado acumuló el mayor monto de fondos de los que no se sabe su destino, por 2 mil 414 millones.
señala la ASF que, “Todavía al 31 de enero de 2022, había un saldo de 224.2 millones de pesos sin comprobar, esto debido a que no se acreditó su existencia en las cuentas bancarias del estado”. “Se trata de un probable daño o perjuicio a la hacienda pública”, determinó el organismo fiscalizador cameral.
En la relación de 17 organismos que no comprobaron el destino del dinero figuran, el sistema de Telebachillerato, con 182.1 millones; el Tribunal Electoral, con 99.7 millones; el Colegio de Educación Profesional Técnica (Conalep), con 98.2 millones, y el Instituto de Capacitación para el Trabajo (Icatmi), con 97 millones. Incluso la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción aparece con un monto no explicado por 16.2 millones de pesos.
Por su parte, el gobernador de Michoacán en funciones, Alfredo Ramírez Bedolla refirió que los casi 13 mil millones de pesos que observó la ASF a la pasada administración estatal, representan el 53 por ciento del monto total de recursos analizados en todo el país, enfatizó que esto “no debe volver a ocurrir…ya basta del dejar hacer y dejar pasar, tenemos que actuar”, dijo en tono enérgico a representantes de la prensa.
