Durante la sesión plenaria de este miércoles en el Congreso del estado se ventilaron dos casos más de corrupción detectados durante la pasada Legislatura y el Ejecutivo del Estado durante el gobierno de Silvano Aureoles. En primer término, el diputado Baltazar Gaona García propuso a las y los legisladores destituir a Mario Alberto Villegas Alfaro, secretario de Finanzas del Congreso, por presunto “mal desempeño en el ejercicio de sus funciones”, a quien Gaona acusó de pretender utilizarlo para cubrir un fraude.
Ante el pleno de la LXXV Legislatura, Gaona García expuso que la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso establece las atribuciones que se otorgan al Tercer Secretario de esa soberanía: “expedir certificaciones documentales y asentarlas bajo firma en el libro respectivo”, que implica dar fe de que los documentos expedidos por ese Poder son verídicos y copia fiel de los originales, por lo que rechazó tajantemente la “acción ventajosa” que Villegas Alfaro, trato de implementar en su contra.
Informó que el pasado jueves 9 de diciembre el secretario de Finanzas trató de sorprenderlo, haciéndole llegar una caja de documentos para certificación, pero Baltazar Gaona se percató que se trataba de comprobantes de nómina de presuntos trabajadores de las Legislaturas 73 y 74, lo cual le pareció sospechoso y preguntó por qué se requería la certificación de esos documentos; le dijeron que se tenían que entregar a la ASM para subsanar irregularidades derivadas de la auditoria al ejercicio 2018, tras esto se negó a firmar y retiró las rubricas ya asentadas.
Refirió que como integrante la Comisión Inspectora de la ASM durante la pasada Legislatura, se dio cuenta de los desfalcos millonarios que se realizaron, “presuntamente por quienes conformaban la Junta de Coordinación Política en el 2018”, donde se encontraron inconsistencias por 262 millones 215 mil 855 pesos, pero el proceso de auditoría no se ha concluido debido a que el secretario de Finanzas no encuentra cómo respaldar ese desfalco. “A mí no me va a sorprender, no estoy dispuesto a encubrir ningún desfalco”, dijo a Mario Alberto Villegas. El caso se turnó a comisiones para su investigación.
Por otra parte, el Congreso admitió una solicitud de juicio político en contra del exgobernador Silvano Aureoles Conejo, el exsecretario de Finanzas y Administración, Carlos Maldonado Mendoza y el extitular de Desarrollo Rural y Agroalimentario (Sedrua), Rubén Medina Niño, por un presunto fraude que data de 2017 y del cual no se especifica monto.
La demanda es promovida desde Tamaulipas por Roberto Saralegui Pérez, apoderado legal del rancho “La Nueva Gloria, S.A. de C.V.”, ubicado en inmediaciones de Tampico, en aquella entidad federativa.
Resulta que para fortalecer el programa “Ganado Mejor”, diseñado para obtener un mejor perfil genético en los hatos michoacanos, para la Feria de Mayo se adquirieron en 2017 y 2018, hembras y sementales bovinos de la raza Brahman, que a la fecha no se han pagado ni se ha recibido respuesta, acusa Saralegui.
La petición para fincar responsabilidades se suma a otras 2 interpuestas previamente ante el Congreso, y a casos de corrupción en cuarteles de la policía estatal durante el sexenio de Silvano Aureoles, expuestos por el hoy gobernador Alfredo Ramírez. La lectura de la solicitud fue incluida en el último punto del orden del día, por lo que determinó el fin de la sesión.
