En un paso decisivo hacia la transparencia y la humanización de la procuración de justicia, el Fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña, presentó el nuevo Modelo de Gestión para el Arrastre y Resguardo Vehicular, así como los lineamientos diseñados para garantizar un trato digno y gratuito en la entrega de cuerpos y restos humanos.
Esta reestructuración se alinea con la reciente reforma a la Ley Orgánica y forma parte del Plan de Persecución del Delito, hoja de ruta que guiará a la institución durante los próximos nueve años. El objetivo central es eliminar la discrecionalidad y combatir prácticas abusivas que históricamente afectaron el patrimonio y la integridad emocional de la ciudadanía.

El nuevo esquema busca regular el proceso de depósito y custodia de vehículos asegurados, estableciendo tarifas justas que oscilarán entre los cinco y diez mil pesos, terminando con cobros excesivos. Para lograrlo, la Fiscalía implementará las siguientes acciones inmediatas:
- Convocatoria Pública: Se emitirá la invitación para que las empresas interesadas participen en el servicio de arrastre y resguardo, siempre que cumplan estrictamente con los nuevos lineamientos y requisitos legales.
- Digitalización con “Laxel Juice”: Será obligatorio el uso de la plataforma digital Laxel Juice para el registro, control y seguimiento de cada servicio, asegurando la trazabilidad, legalidad y supervisión institucional en tiempo real.
- Regulación de Asistencias: Un comité especializado regulará el calendario de atención de las empresas participantes, definiendo la frecuencia de los servicios de manera equitativa.
- Vigilancia Estricta: La institución supervisará y evaluará permanentemente el desempeño de los prestadores; aquellas empresas que no cumplan con los procesos establecidos serán dadas de baja de forma inmediata.
En el ámbito de servicios periciales, Torres Piña subrayó que la entrega de cuerpos es un trámite estrictamente gratuito. Los nuevos lineamientos prohíben cualquier condicionamiento o recomendación de servicios funerarios por parte de servidores públicos, protegiendo el derecho de las familias a elegir libremente y con respeto a su duelo.
Para blindar estos procesos, se fortalecerán las áreas internas de evaluación y control, garantizando que cada paso de la cadena de custodia y atención ciudadana se realice bajo estándares de honestidad.
Finalmente, el Fiscal reafirmó que esta transformación no solo busca la eficiencia operativa, sino consolidar una institución moderna que coloque a las víctimas al centro de su actuación, recuperando la confianza social a través de la rendición de cuentas y la tecnología.












