El diputado local por el Distrito de Puruándiro, Humberto González Villagómez, partiocipó en la firma de Declaratoria Permanente de Legisladores en materia de Protección Civil, con el objetivo de impulsar la nueva ley general de gestión integral de riesgos de desastres.
En el Congreso de la Unión el legislador michoacano solicitó destinar mayores recursos al tema preventivo de Protección Civil Estatal en el Presupuesto de Egresos Federal 2020.
Otros puntos de la declaratoria son: promover ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, que de los recursos asignados para el 2019 al Fondo de Reconstrucción, se destinen al menos 5 por ciento al Fondo de Prevención de Desastres Naturales (Fonden), así como impulsar el funcionamiento de los Fondos Estatales de Protección Civil.
El documento, firmado en el “Foro Permanente de Legisladores en materia de Protección Civil”, también plantea llamar a las autoridades municipales, estatales y federales para que finquen responsabilidades administrativas y penales a los funcionarios que incumplan con lo establecido en los programas de ordenamiento territorial; reformar la fracción III del artículo 115 Constitucional, para que los municipios presten servicio público por medio del cuerpo de bomberos, e impulsar la creación de fondos especializados del servicio público de bomberos.
La presidenta de la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres, Nancy Claudia Reséndiz Hernández, manifestó la necesidad de construir una agenda común entre legisladores y autoridades federales y estatales, con la intención de impulsar la ley general de gestión integral de riesgos de desastres que sea transversal y acorde a los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales.
“Es importante contar con un marco jurídico en la materia que atienda las necesidades del país. Por ello, nos dimos a la tarea de reunir a todos los legisladores locales presidentes de las comisiones encargadas de la protección civil, para que juntos aportemos y legislemos en beneficio del pueblo”, afirmó.
“El trabajo continúa, no hemos parado y no pararemos hasta ver que la población tenga una ley que los proteja y respalde ante algún desastre”.
Agregó que se deben encontrar soluciones de manera conjunta, entre los distintos órdenes de gobierno, con el objetivo de llegar a los estándares internacionales en materia de protección civil. “Hay que integrar una buena pieza legislativa que beneficie a todos los mexicanos, así como destinar mayores recursos e impulsar el funcionamiento de los fondos estatales”.
El diputado René Juárez Cisneros, secretario de la comisión, afirmó que una ley para que sirva tiene que recoger lo que pasa en los momentos de desesperanza, desgracia, agobio y tristeza de la gente que enfrenta un desastre y es pobre. “Todo el esfuerzo que hagamos para mejorar la legislación debe hacerse con un sentido humano y retomar la experiencia de otras emergencias, que evite los abusos y se asuman los riesgos”.
La primera condición es que la autoridad municipal, estatal o federal estén presentes para atender una contingencia, no en un bar, de vacaciones, ni actuar con burocracia porque está en riesgo la vida de las personas. “No hay cosa más triste para alguien que perdió todo, hasta su familia, que llegue un funcionario y le pregunte cómo está, requiere sentir acompañamiento y sensibilidad de la autoridad para que lo arrope y le diga que no está solo. Ese protagonismo es lo que más lastima a la gente y la rapiña”.
El también coordinador del grupo parlamentario del PRI, propuso privilegiar la coordinación de acciones entre los sectores con un mando responsable y que sea tomado en cuenta, quienes están en estas tareas deben entenderlo y no presentarse para tomarse sólo una fotografía, sino fomentar una cultura de respeto elemental ante quien está en desgracia.
Por su parte, el diputado Luis Enrique Martínez Ventura (Morena) se pronunció por integrar una nueva ley que asegure protección ante desastres. Sobre su distrito -Valle de Chalco- dijo, está en severo riesgo por inundaciones, por lo que pidió que Protección Civil del estado de México emita alguna alerta para prevenir afectaciones a la población.
Ana Karina Rojo Pimentel, diputada del PT, consideró que hace falta una legislación más aguda en materia de protección civil, porque tiene que ver con cuidar la vida de los ciudadanos. Agregó que es un tema donde no caben colores, ni partidos; el único objetivo debe ser velar por la protección de la población.
También del PT, la diputada Margarita García García afirmó que la nueva ley general que se construye debe contener las propuestas de legisladores de las entidades federativas para atender sus necesidades particulares, porque no se debe utilizar el dolor de la gente. “No podemos seguir lucrando con los desastres naturales”.
La diputada del PAN, Liduvina Sandoval Mendoza, resaltó la importancia de los foros regionales, porque permiten conocer la realidad y carencias de protección civil, en particular el nivel operativo de las coordinaciones municipales, detectando que falta mucho por hacer. “De nada serviría hacer un nuevo marco jurídico general que no tuviera el acompañamiento de los congresos estatales y la visión municipal.
En su participación, César Omar Morales Suárez, coordinador Jurídico de la Coordinación Nacional de Protección Civil, propuso hacer una “transversalización de las leyes” por medio de cambios en la normativa municipal en materia de prevención. “Hay que buscar leyes que generalicen la protección civil; es decir, que la gente se concientice y se cree un pensamiento de protección civil generalizado”.
Se pronunció por preparar a la población para que sepa cómo actuar ante cualquier contingencia y que se tenga un plan familiar de emergencia.
Recomendó a los diputados impulsar una eficiente operatividad de las acciones preventivas, de la atención durante y después de un fenómeno natural, a través de herramientas legales para que los municipios trabajen, reduzcan los impactos y haya una reacción efectiva.
José Manuel Jaime Lepe, subdirector Jurídico del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), planteó que los retos que enfrentará la nueva ley son la reducción del déficit entre la asignación presupuestal destinada a atender emergencias y la establecida para planes y programas preventivos.
Las prioridades de la nueva normatividad son transformar la gestión de riesgos de desastres en una política transversal; fortalecer al Cenapred para generar políticas que prevengan contingencias y reduzcan riesgos.
Indicó que por cada peso invertido en prevención civil se ahorrarían siete en la reconstrucción de infraestructura ante el riesgo de desastre, por eso es prioritario impulsar una cultura integral de riesgo, sobre todo porque el 90 por ciento de la declaratoria de emergencia se concentran en Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Puebla, en las zonas más vulnerables.
En su turno, el titular de la Unidad de Seguros y Pensiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Carlos Noriega Curtis, afirmó que México fue pionero en la atención de desastres naturales, pero hoy se requieren actualizar los mecanismos. “Es necesaria una legislación y planificación integral, porque cada dependencia del gobierno contrata seguros de manera independiente y eso también ha abierto la puerta a prácticas de corrupción”.
Mencionó que el Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (Fonden) cuenta con dos bonos, uno por huracanes y otro por terremotos; sin embargo, se explora la posibilidad de incluir las inundaciones. Recomendó incrementar el presupuesto de dicho fondo con los cálculos adecuados y no tener que hacer ajustes financieros a lo largo del año. Además, sugirió adoptar contrataciones colectivas de seguros, así como hacer mejor planeación financiera con los estados porque cada uno tiene riesgos distintos.
El diputado Humberto González Villagómez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil en el Congreso del Estado de Michoacán, propuso actualizar la cantidad de recursos destinados a la protección civil. Llamó a los congresos a vigilar que se respeten y actualicen las diversas leyes y reglamentos de construcción y desarrollos urbanos en un marco de transparencia, para evitar la edificación de viviendas en zonas de riesgo.
