El Fiscal General de Justicia del Estado de Michoacán presentó un informe exhaustivo sobre los avances determinantes en la investigación del asesinato de Carlos Manzo, ocurrido el pasado 1 de noviembre en el municipio de Uruapan. A través de un despliegue de inteligencia sin precedentes, la institución confirmó la identificación y captura de los principales operadores del ataque, revelando una compleja red de complicidades.
Entre las detenciones más relevantes destacan las de Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, y Alejandro Baruch “N”, alias “El Caos”, identificados como piezas clave dentro de la estructura criminal que orquestó el atentado. Hasta el momento, las autoridades han logrado la captura de más de 20 personas vinculadas directamente con el caso, incluyendo a policías y escoltas municipales que ya han sido vinculados a proceso.
La Fiscalía detalló que la resolución del caso se ha basado en el análisis científico de cientos de horas de grabación de cámaras de seguridad y el peritaje de dispositivos móviles incautados. Estas acciones permitieron trazar la ruta de los agresores y ejecutar múltiples órdenes de cateo en puntos estratégicos.
“La investigación sigue abierta y no habrá impunidad. Estamos trabajando en estrecha colaboración con la Fiscalía General de la República (FGR) para abordar la arista de delincuencia organizada que rodea este crimen”
A pesar de los golpes asestados a la banda, el informe revela que la búsqueda continúa. Las autoridades mantienen una alerta activa para localizar al ex jefe de escoltas de la administración municipal, quien permanece prófugo y es considerado una pieza fundamental para cerrar el caso.
Asimismo, la Fiscalía informó que se han abierto nuevas líneas de investigación que apuntan hacia Jalisco. Se investiga la conexión de tres personajes adicionales que operaban desde el estado vecino y que habrían tenido una participación logística en el asesinato del exalcalde independiente.
Con la ejecución de nuevas órdenes de aprehensión en curso, la Fiscalía General del Estado reafirma su compromiso de desmantelar por completo la estructura que vulneró la seguridad en la “Perla del Cupatitzio”, asegurando que cada implicado, sin importar su cargo o nivel jerárquico, enfrente las consecuencias legales de sus actos.
