En medio de una severa crisis de inseguridad, autoridades del Estado se reunieron en Uruapan para coordinar acciones, un encuentro donde el presidente municipal, Carlos Manzo, utilizó el tema de la inversión pública y el Teleférico como un punto clave de presión para garantizar que las demandas de seguridad de su municipio sean atendidas.
En la mesa de trabajo, en la que participaron el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, y el fiscal general, Carlos Torres Piña, se llegó a una serie de acuerdos para reforzar la seguridad. Sin embargo, en una declaración pública, el alcalde Manzo condicionó el avance de proyectos de infraestructura a los resultados en materia de seguridad.
“Una vez que se empiecen a cumplir estos acuerdos y temas para que se mejore la seguridad pública de nuestro Municipio, y se genere más inversión de obras públicas para Uruapan es que se podrán reactivar al 100% los trabajos del Teleférico“
El edil uruapense dejó claro que el apoyo y seguimiento a las obras de inversión pública proyectadas para el municipio se sujetarán al cumplimiento de los acuerdos. Entre los compromisos destacan la instalación de filtros de seguridad permanentes en las entradas y salidas de la ciudad, con la participación de las fuerzas federales de los tres órdenes de gobierno, y el seguimiento a las investigaciones por el asesinato de un policía local.
Asimismo, Manzo señaló que la reactivación de las festividades patrias y el desfile antes de que termine septiembre también depende de que se garantice el acompañamiento de las fuerzas de seguridad. Esta medida, aseguró, busca reactivar la economía de los comercios locales.
El alcalde advirtió, que, de no cumplirse estos acuerdos, su gobierno se verá en la necesidad de “tomar otras medidas y radicalizar otras acciones de resistencia civil.”
A pesar de la tensión, Manzo afirmó que la relación con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla seguirá siendo de “construcción, cordialidad y respeto institucional”, pero enfatizó que no dudará en alzar la voz cuando la seguridad o los derechos de los uruapenses sean vulnerados.
Con esta postura, el presidente municipal pone en el centro de la discusión pública la necesidad de una respuesta contundente y efectiva por parte del Estado para resolver la crisis de violencia que asola a la región.
