En Michoacán es fundamental que nuestro marco normativo prevea conceptos jurídicos que permitan lograr y determinar el debido funcionamiento al interior de las asociaciones de agricultores, recalcó la diputada Julieta Gallardo Mora, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.
Desde la Máxima Tribuna del Estado, la diputada por el Distrito de Puruándiro subrayó que se necesitan recursos para el campo, por lo que hay que cristalizar desde el marco normativo la descentralización en la toma de decisiones a favor de las organizaciones locales.
Por ello la legisladora presentó este jueves una iniciativa para reformar la Ley de Organizaciones Agrícolas del Estado, tendiente a dar claridad en conceptos al marco normativo, y fortalecer el funcionamiento de las asociaciones de agricultores.
“Es fundamental que se conozca que el presupuesto para la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en México ha pasado de 72.1 mil millones de pesos en 2018 a 49.2 mil millones para 2021. Ya en este 2022 aparecen con presupuesto cero, algunos programas de desarrollo rural, de fomento a la inversión, productividad, sustentabilidad y de atención a la pobreza en el medio rural”.
La diputada integrante de la Representación Parlamentaria recalcó que si el campo ha podido sobrevivir es gracias a la tradición cultural de la población rural, por lo que se puede observar un traslado de la responsabilidad del Estado hacia la organización particular de los productores.
“Debido a ese impulso es que las organizaciones agrícolas lograron que, en marzo de 1997, se publicara la Ley de Organizaciones Agrícolas del Estado”.
Julieta Gallardo agregó que el 30 por ciento de la población michoacana, es decir, todos los que viven en el campo, lo hacen con tan sólo el 13 por ciento del total que se produce.
“En Michoacán somos 4.7 millones de habitantes, de los cuales 71 por ciento es población urbana y 29 por ciento es rural; y, la tendencia, según el INEGI, es que se sigue abandonando al campo”.
En ese sentido subrayó que la fuerza de trabajo michoacana, el capital humano de nuestro Estado, presenta bajos niveles de productividad, en alrededor del 35 por ciento con respecto a lo que debería aportar en promedio al PIB nacional.
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