El secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña y la titular de la Contraloría, Azucena Marín Correa, anunciaron que se presentarán denuncias penales contra exfuncionarios de la administración de Silvano Aureoles debido a que se detectaron irregularidades y documentos falsos que propiciaron un quebranto por cinco mil millones de pesos.
Por la naturaleza de las denuncias e investigación, se informó que el gobierno “mantendrá la secrecía sobre los detalles de las denuncias”.
Ante la insistencia de reporteros, la secretaria de la Contraloría dejó en claro que se trata de siete exfuncionarios; aunque la lista podría elevarse a 18. El responsable de la política interna estatal, dijo que entre los hallazgos se detectaron contratos firmados con una empresa que no contaba con la capacidad económica y jurídica suficiente para prestar servicio y a la cual, además se le realizaron pagos con cantidades excesivas. También, se detectaron adjudicaciones de inmuebles, por encima de su valor comercial por más de 652 millones de pesos.
Dijo que el 16 de febrero, se presentaron las primeras cuatro denuncias en materia penal ante las fiscalías especializadas en Delincuencia Organizada y Combate a la Corrupción, derivadas del manejo irregular del gasto público durante la administración pasada.
Los funcionarios manifestaron que además se dio cuenta de los hechos constitutivos de delito a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a la Subprocuraduría Fiscal de Investigaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Los supuestos delitos que se habrían cometido contra el gobierno del estado serían: enriquecimiento ilícito, ejercicio indebido de funciones, tráfico de influencias, cohecho, peculado, asociación delictuosa, delincuencia organizada y operaciones con recurso de procedencia ilícita, en la cual estaría implicado el representante de una empresa.
